El Gobierno de España considera que 5 artículos y dos disposiciones del decreto urbanístico y 4 artículos y una disposición del decreto agrario, ambos destinados a la recuperación económica y social de La Palma y aprobados por el Parlamento de Canarias, son inconstitucionales, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes, 21 de junio.
