Edificio municipal que alberga los Servicios Sociales de Los Llanos de Aridane. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE

La nueva ordenanza municipal que regula la concesión de ayudas de emergencia social en Los Llanos de Aridane, aprobada en el pleno ordinario del 27 de noviembre con los votos favorables de CC y PP y la abstención del PSOE, limita por primera vez el número y la cuantía de las ayudas que los usuarios de los Servicios Sociales pueden percibir, algo que antes dependía exclusivamente de los informes técnicos.

La norma anterior, aprobada en 2011 siendo alcalde Juan Ramón Rodríguez Marín (CC), no fijaba un límite económico objetivo y vinculante por unidad familiar, como sí hace la nueva, que establece que, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar, no se podrán superar una serie de porcentajes del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Además, se incorporan tres nuevos requisitos para acceder a las ayudas que no se contemplaban hasta la fecha, como son “no tener relación contractual” con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, “no estar en posesión de más propiedades que la vivienda habitual” o “cumplir con los planes de intervención social personalizados emitidos al efecto”.

Por otra parte, el texto aprobado limita el número de ayudas que puede percibir cada unidad familiar, algo que no se especificaba en la ordenanza que se derogará. Así, por ejemplo, se establece que solo se financiarán dos cortes al año de suministros básicos de energía de la vivienda habitual, con un máximo de quinientos euros anuales, y que solo se concederán un máximo de tres ayudas al año, con un tope de 1.650 euros, para gastos derivados del pago de alquileres e hipotecas.

En el caso de las ayudas para alimentación, se establecen cuantías máximas de entre 600 y 1.200 euros al año, dependiendo del número de miembros que compongan la unidad familiar solicitante.

Se implantan también topes al alojamiento temporal en situaciones de emergencia, que se limita a 10 días. para hacer frente a gastos en hostales, pensiones y similares; a las ayudas para la compra de mobiliario y electrodomésticos, con un máximo de 600 euros y sin poder concederse nuevamente en cinco años; y a las destinadas a gafas graduadas, prótesis ortopédicas y otras ayudas técnicas no cubiertas, que se establecen en un máximo del 60% del coste.

EL PSOE DENUNCIA QUE SE TRATA DE UNA ORDENANZA “MÁS RESTRICTIVA, DESCONFIADA Y BUROCRÁTICA”

Durante la mencionada sesión plenaria, la concejala de Bienestar Social, Idaira Pérez (CC), defendió que el nuevo texto es “una herramienta más justa y transparente para proteger a nuestras familias y a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad”.

Señaló que “define mejor quién puede acceder a las prestaciones” y que “amplía y ordena la tipología de prestaciones”, con el objetivo de reforzar “la transparencia y el control público, estableciendo obligaciones claras para justificar el destino de las prestaciones y garantizando el buen uso de los recursos públicos”.

Para la portavoz del PSOE, Alicia Vanoostende, “hace falta una ordenanza humana, flexible y alineada con la Ley Canaria de Servicios Sociales”, ya que, a su juicio, la presentada es “más restrictiva, desconfiada y burocrática que la anterior”.
“Desde nuestra visión, lo público está para ayudar, no para sospechar”, afirmó Vanoostende, quien recalcó que “las ayudas sociales no son favores, no son regalitos del ayuntamiento, no son una paguita, son derechos”. En su opinión, “cuando una familia lo está pasando mal la administración debe estar ahí sin poner muros de por medio”.

Por su parte, el alcalde, Javier Llamas (CC), también defendió el texto, considerando que es una ordenanza “extraordinariamente abierta a todas las excepcionalidades” y que su misión es “velar por los fondos públicos y que lleguen a las familias, a las manos de las familias que los necesitan”. Llamas destacó que “vamos a fiscalizar las ayudas, para que lleguen a las familias que tienen que llegar y para que nadie haga un mal uso de los fondos públicos”. “Vengo del sector que vengo (banca) y he visto muchas cosas”, señaló Llamas, quien manifestó que “hemos intentado hacer una ordenanza que sea justa”.