Imagen de la Urbanización Los Nacientes difundida en las redes sociales de Asier Antona, alcalde de Santa Cruz de La Palma.

El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a propuesta de Nueva Canarias (NC), se sumó a otros consistorios canarios que piden al Gobierno de Canarias desarrollar el Decreto 1/2023 que establece los requisitos para acceder a la propiedad de una vivienda protegida.

En los acuerdos aprobados se pide al Ejecutivo autonómico “culminar sin más dilación los procedimientos de acceso a la propiedad iniciados” a partir de la aprobación del mencionado Decreto y hacer público qué inmuebles del conjunto del Archipiélago se encuentran en esta situación.

La proponente de la moción, Maeve Sanjuán (NC), que no pudo asistir a la sesión por motivos familiares y cuya intervención leyó el concejal del PSOE, Juanjo Neris, destacó que con la iniciativa se pretende “cumplir la ley y hacer justicia con decenas de familias de Santa Cruz de La Palma” y puso como ejemplo las 108 viviendas de la Urbanización Los Nacientes.

Son, para la concejala canarista, “familias que cumplen los requisitos” para adquirir la propiedad de las viviendas en las que residen, pero que “siguen esperando que el Instituto Canario de la Vivienda publique las ofertas y resuelva los expedientes”.

Para Sanjuán, no se pretende “vender de forma indiscriminada el parque público, ni frenar la construcción de nuevas viviendas sociales”, como tampoco “privilegios, ni leyes a la medida”, sino que la Administración autonómica “ejecute sus propios procedimientos, identifique las promociones pendientes y publique el calendario para que estas familias puedan por fin ser propietarias”.

Yéssica Pérez (CC), concejala de Bienestar Social, reiteró que se trata de “cumplir con la normativa vigente” y que “las familias que reúnen los requisitos tengan una respuesta tras tantos años de espera para por fin decir esta propiedad es mía”.

Por su parte, Juanjo Neris, ahora sí en representación del grupo socialista, destacó “situación de incertidumbre” de muchas familias que recordó habían “pagado religiosamente” y pasadas varias décadas “siguen en un limbo legal”.

Por su parte, Juanjo Neris, ahora sí en representación del grupo socialista, destacó la “situación de incertidumbre” de muchas familias que, recordó, habían “pagado religiosamente” y que, pasadas varias décadas, “siguen en un limbo legal”.