Paneles de propaganda electoral durante las últimas elecciones generales en La Palma. EL PERIÓDICO DE LA PALMA

La composición del censo electoral de los españoles residentes en el extranjero, el CERA, ha sido objeto de controversia partidista e incluso judicial en los últimos meses. En el caso de La Palma, el mayor crecimiento porcentual en los últimos 26 años, periodo del que se dispone de estadísticas en la web, no se produjo a partir de 2022, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como “ley de nietos”, sino mucho antes, entre los años 2000 y 2004.

Entre las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 y las del 14 de marzo de 2004 se produjo el mayor aumento porcentual de esta serie, con un incremento del 57,9%, al pasar de 6.796 personas inscritas en el CERA a 10.730.

Esta tendencia aumentó en términos absolutos entre los censos de las generales del 9 de marzo de 2008 y el 20 de noviembre de 2011, tras la aprobación de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica. En ese periodo, el incremento fue de 4.561 inscritos, un 35,2 %.

Esta ley amplió, tal y como recoge en su exposición de motivos, “la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”.

Se trataba, en palabras del texto, de dar respuesta a “una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”.

Hay que mencionar también otro posible factor que podría explicar el aumento del CERA en estos años: la emigración española que se produjo como consecuencia de la crisis económica de 2008.

Un análisis de la Agencia EFE, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalaba que “a partir de 2013, han sido más los españoles que han dejado Canarias con destino a otro país que los que han retornado a las Islas desde fuera”. Entre ellos se encontrarían palmeros que se inscribirían en los consulados y pasarían a formar parte de ese censo.

Entre las elecciones de 2015 y las de noviembre de 2019 se produjo el menor aumento de este periodo. De hecho, entre las elecciones de junio de 2016 y noviembre de 2019, el censo CERA disminuyó en 165 personas.

En las dos últimas convocatorias electorales incluidas en esta serie, este censo volvió a aumentar. Entre las elecciones del 23 de julio de 2023 y las convocadas para el próximo 29 de noviembre, el incremento fue de 3.493 electores, lo que supone un aumento del 15,4 %.

Una de las causas del incremento estaría en la aprobación, en 2022, de la Ley de Memoria Democrática, que introduce en su disposición adicional octava la posibilidad de optar a la nacionalidad española a los “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.

La evolución del CERA contrasta con la del censo de electores residentes en España (CER), que apenas aumentó un 4,9 % entre 2000 y 2026, al pasar de 63.061 a 66.157 inscritos. En ese mismo periodo, el censo exterior creció un 285,5 %, al pasar de 6.796 a 26.196 electores.

Esta evolución ha modificado sustancialmente el peso del censo exterior en el conjunto del censo electoral palmero. Si en el año 2000 los inscritos en el CERA representaban el 9,7 % de la suma de ambos censos, en 2026 suponen ya el 28,4 %.

UNA BAJA PARTICIPACIÓN ENTRE LOS INSCRITOS EN EL CENSO CERA

Pese a este aumento del censo, la participación ha sido baja, según los pocos datos de los que disponemos. Entre los años 2011 y 2022, la Ley Electoral establecía el llamado voto rogado, que suponía para los españoles residentes en el extranjero la obligación de solicitar el voto, aunque estuvieran inscritos en el CERA. Esta circunstancia ha servido habitualmente para explicar los bajos niveles de participación.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, José Luis Mateos Crespo, señalaba en un artículo que, aunque en un principio se consideró una “medida proporcionada para solventar los problemas de fraude detectados en el pasado”, con el tiempo supuso “un menoscabo del principio democrático y del principio de igualdad” y tuvo como consecuencia “un efecto de desaliento en el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los españoles residentes en el extranjero”.

Durante algunos de los procesos electorales en los que estuvo vigente y de los que se tienen datos, como las elecciones al Senado por La Palma de junio de 2016, se contabilizaron 81 votos de electores inscritos en el CERA, el 0,4 % del censo CERA y el 0,2 % del total de votantes. En las elecciones del 10 de noviembre de 2019 se contabilizaron 129 votos (el 0,6 % del censo CERA y el 0,3 % del total de votantes, respectivamente).

Votación en urna en el Consulado General en Santo Domingo, República Dominicana, en las elecciones generales de julio de 2023.MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Finalmente, en las elecciones de 2023 fueron 711 las personas que ejercieron su derecho al voto en esos comicios, el 3,1 % del censo CERA y el 1,7 % del total de votantes. La eliminación del voto rogado contribuiría a explicar el aumento de la participación, ya que cada elector recibe la documentación electoral, tanto si la ha solicitado como si no.

No obstante, estudios sobre su impacto en las elecciones autonómicas y generales de 2023, como el de la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I de Castellón, Rosario García Mahamut, concluyen que su supresión “no ha redundado en un aumento significativo de la participación los ciudadanos en el exterior”. Una conclusión con la que coincide el también profesor de Derecho Constitucional de esa universidad, Artemi Rallo Lombarte, quien en otra investigación considera que el incremento “no puede calificarse como satisfactorio”.