Miguel Ángel Pulido (UPC): “Si la ultraderecha gobierna, llega una etapa difícil para las clases populares”

Miguel Ángel Pulido (UPC): “Si la ultraderecha gobierna, llega una etapa difícil para las clases populares”

Miguel Ángel Pulido, candidato de la coalición Unidad del Pueblo Canario al Senado por La Palma. EL PERIÓDICO DE LA PALMA

Con una larga trayectoria política a sus espaldas, Miguel Ángel Pulido es el candidato de la coalición Unidad del Pueblo Canario al Senado por La Palma para las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta entrevista con EL PERIÓDICO DE LA PALMA defiende esta confluencia –que espera que se mantenga en las autonómicas y municipales del año próximo–, que incluye a Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar. Advierte Pulido de una “coyuntura muy preocupante” por el avance mundial de la ultraderecha, que se materializaría en “recortes” que supondrían “una etapa difícil para las clases populares”. Para el candidato de izquierdas, es necesario un plan extraordinario de construcción de vivienda pública de alquiler asequible y una reforma de la bonificación del 60% del IRPF para que el impuesto de la renta sea “progresivo como establece la Carta Magna” y no se produzcan devoluciones de hasta 600.000 euros al año en La Palma. Además, se muestra muy crítico con el proceso de reconstrucción en el Valle de Aridane tras el volcán y denuncia que la Administración se ha dedicado “a repartir dinero” y a que “cada uno se busque la vida”.

Pregunta. La primera pregunta tiene que ver con la coalición electoral de la que usted es candidato al Senado, Unidad del Pueblo Canario, en la que varios partidos, Nueva Canarias, Izquierda Unida y Podemos han sumado sus fuerzas para presentar candidaturas al Congreso y al Senado en toda Canarias. ¿Qué valoración hace de esta coalición y por qué ahora se ha conseguido una unidad mucho más amplia que en otras ocasiones no se había logrado?

Respuesta. Esta confluencia de las organizaciones de la izquierda confederal y de la izquierda nacionalista de Canarias se ha conseguido porque estamos en una coyuntura muy preocupante. El avance de la ultraderecha a nivel mundial y, por tanto, también en España y en Canarias es una evidencia.

Si esta gente llega a gobernar, llega a una etapa difícil, sobre todo para las clases populares de Canarias y, en este caso, de la isla de La Palma, por los recortes que ya están anunciando. Están poniendo en tela de juicio las pensiones públicas, por ejemplo, con la idea de ir hacia una capitalización, que supone una privatización de las mismas, con todo lo que ello conlleva. Están en contra de que se incremente el salario mínimo. Han votado en contra de la reforma laboral, que ha permitido que cuatro millones de trabajadores que estaban con contratos precarios tengan hoy contratos fijos en las empresas y tengan unas retribuciones y puedan hacer proyectos de vida que no podrían hacer si tuvieran contratos de carácter temporal.

El candidato de UPC advierte de que, si la ultraderecha gobierna, “llega una etapa difícil para las clases populares”.

Hay una serie de avances en derechos sociales y laborales que el Partido Popular y Vox han votado de manera sistemática en contra, y nosotros lo que hemos pensado en Canarias, que es la primera comunidad autónoma donde se cierra este acuerdo, es confluir para frenar el avance de la ultraderecha, para defender los derechos sociales y laborales de la mayoría social, de las clases populares de Canarias: el derecho a la vivienda, el blindaje de las pensiones y que estas sigan manteniéndose como un sistema público y se revaloricen de acuerdo con el IPC. En definitiva, para avanzar en derechos, en libertades y no retroceder, que es lo que está planteando la ultraderecha.

En estos momentos, además, hay una coyuntura interesante. Es decir, las encuestas nos están dando posibilidades de sacar diputados tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife y, por eso, yo quiero decirle a la ciudadanía palmera que el voto útil en este momento para arrebatarle un escaño a Vox es votar a la Unidad de Pueblo Canario, votar a UPC.

P. Hay una formación política de izquierdas que no ha formado parte de ese acuerdo, que es Drago Canarias, y que, además, ha sido muy beligerante con la conformación de Unidad del Pueblo Canario.

R. Creo que la actitud de Drago Canarias es una actitud miserable. Le están haciendo la campaña y el juego a Coalición Canaria y a la derecha canaria porque su campaña la basan en criticar a la Unidad del Pueblo Canario, en intentar torpedear incluso las candidaturas llevando ante la Junta Electoral Provincial, ante los tribunales contencioso-administrativos, incluso ante el Tribunal Constitucional, el que no pudiéramos utilizar las siglas de UPC, que son unas siglas históricas, pero que no hay en este momento ningún otro partido que concurra en las elecciones que tenga esas siglas. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de confusión en el electorado.

Desgraciadamente, ellos se han colocado en la posición de hacerle el juego a Coalición Canaria. Por eso, Clavijo los lleva a las tertulias de la Radiotelevisión Canaria, a pesar de que solo tienen dos concejales en toda Canarias y nos impide que nosotros, por ejemplo, desde Nueva Canarias, que tenemos cinco diputados, estemos sentados en esas mesas. Y lo mismo ocurre con algunos medios afines a la derecha en Canarias, donde ellos tienen presencia y a nosotros se nos veta.

Pulido considera que Drago Canarias le hace “la campaña y el juego” a Coalición Canaria.

P. Desde la candidatura que encabezas al Senado se han realizado algunos pronunciamientos en temas concretos que afectan a la isla de La Palma. Uno de ellos, que afecta al conjunto de España, tiene que ver con la cuestión de la vivienda. Tuvimos una huelga general recientemente por la vivienda, la ratificación de uno de los dos reales decretos que habían salido promulgados a raíz del desahucio de Maricarmen y toda la problemática que visibilizó. ¿A juicio de UPC, qué haría falta hacer de manera inmediata en esta materia?

R. Lo primero, hacer un plan extraordinario de construcción de vivienda pública de alquiler asequible, porque no es de recibo que en La Palma un trabajador o la gente que vive de su salario tenga que destinar el 40 o el 50% de su sueldo para poder hacer frente al alquiler de una vivienda.

¿Cómo se hace eso? Incrementando los recursos que el Gobierno de Canarias destina a la vivienda. Nosotros decimos que se debería destinar, al menos, el 0,4% del PIB de Canarias a la construcción de vivienda pública. Estamos hablando de unos 230-240 millones de euros, que se verían complementados con las aportaciones que hace al plan de vivienda del Estado. En este caso, pues están transfiriendo a la comunidad autónoma algo más de 40 millones de euros anuales.

Siempre cuento que solo en el primer año del volcán, desde la erupción volcánica hasta que se celebran las elecciones autonómicas, en el Gobierno del Pacto de Progreso, en el caso concreto de la isla de La Palma, para atender a las familias que habían perdido su vivienda porque quedaron sepultadas bajo las coladas, fuimos capaces de adquirir y poner en alquiler social a un precio simbólico, más de 100 viviendas sociales en Tazacorte y en la Montaña Tenisca, al margen de las viviendas modulares que se construyeron como un alojamiento provisional, con la idea después, en estos tres años, de haber sacado a la gente de ahí y haberle dado viviendas de carácter permanente.

Este Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y del Partido Popular, de la derecha canaria, no ha sido capaz de entregar ni una sola vivienda en tres años y medio. Nosotros, en poco más de un año, entregamos más de 100 viviendas y ellos no han sido, a pesar de que se presentaron a las elecciones, como si tuvieran la varita mágica que iba a resolver todos los problemas.

El antiguo director general de Vivienda del Gobierno de Canarias se muestra partidario de poner en marcha un plan extraordinario de construcción de vivienda pública de alquiler asequible en la isla.

Nosotros decimos que hay que declarar a la isla de La Palma y a otros municipios de Canarias, especialmente en las zonas turísticas, que es donde mayor presión hay sobre la vivienda, zonas tensionadas. Para ello habría que modificar la Ley de Vivienda del Estado, de manera que se permitiera que fueran los ayuntamientos y no las comunidades autónomas quienes hicieran esa declaración. Tenemos el ejemplo más significativo en Las Palmas de Gran Canaria, que ha pedido que se declare su municipio como zona tensionada y el Gobierno de Canarias tiene en un cajón esas declaraciones. No hay ni una zona ni un municipio, ninguna zona turística que haya sido declarada tensionada para poder limitar el precio del alquiler y evitar que siga creciendo de una manera desorbitada.

Tiene que haber medidas, también modificaciones legales, para afrontar el problema de las viviendas desocupadas. En Canarias hay en torno a 200.000 viviendas desocupadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en La Palma hay 12.000 viviendas desocupadas, que no están cumpliendo con el fin social que establece la Constitución. Por tanto, habría que hacer un censo de esas viviendas y habría que establecer mecanismos para que puedan aflorar al mercado del alquiler social.

¿Cómo se hace eso? Estableciendo garantías a los propietarios y también algunas medidas coercitivas. Es decir, medidas fiscales para gravar en mayor medida las viviendas desocupadas, para que la gente se anime a colocarlas en el alquiler. Establecer también medidas para ayudar a la rehabilitación, porque hay muchas de esas viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad y habría que hacer obras de reforma. Tiene que haber incentivos para que se pueda producir esa rehabilitación y establecer algunos avales o seguros.

Recuerdo en la etapa en la que yo fui director general de Vivienda, conseguimos movilizar en torno a 5.000 viviendas de alquiler a través de lo que denominábamos la Bolsa de Vivienda Joven. Lo que le ofrecíamos en aquellos momentos al propietario eran dos seguros, un seguro multirriesgo y un seguro de caución que eran gratuitos, que los pagaba la Administración y liberábamos a la gente de ese coste. ¿Qué significaba eso? Si había algún deterioro en la vivienda, era el seguro multirriesgo el que cubría esos defectos que pudiera tener y el seguro de caución garantizaba al propietario el cobro del alquiler, porque si dejaba de pagar al inquilino, la compañía de seguros le pagaba y era la compañía de seguros la que luego reclamaba al inquilino esas deudas. Liberábamos al propietario de los líos judiciales que pudiera tener el que hubiera un inquilino que se declarara moroso.

También decimos que hay que establecer medidas para garantizar que no pueda haber desahucios si no hay una alternativa habitacional. ¿Quién tiene que ofrecer la alternativa? La Administración. Cuando nos encontramos con una familia vulnerable que no tiene recursos y cuya falta de recursos se puede demostrar, la Administración debería pagar el alquiler hasta que se consiga un realojo, digamos, en una vivienda pública.

P. Hablaba del proceso de reconstrucción. En la anterior legislatura le tocó tener responsabilidades en esa materia. Con una mayoría distinta en el Gobierno de Canarias se han tomado otras decisiones. ¿Cuál es tu valoración en general de este proceso? Sobre todo, en dos aspectos: el urbanístico, el de la vivienda, del que has adelantado algo, pero también el de la planificación territorial, que es un tema que conoces, y, por otro lado, el de la reconstrucción agrícola.

R. La reconstrucción que se está haciendo se podría denominar sálvese el que pueda. A lo que se ha dedicado la Administración es a repartir dinero y a que cada uno se busque la vida, y se ha lavado las manos.

No puede haber una reconstrucción si no hay una planificación previa. No puede ser que estemos reconstruyendo los caminos con el mismo diseño que tenían los que se construyeron hace 40 o 50 años, unos caminos tortuosos, estrechos, por los que a veces se encontraban dos camiones que recogían la fruta y no podían pasar.

Hoy la colada nos permitía haber planificado, realizar caminos con un trazado mucho más razonable y, al mismo tiempo, recuperar las redes de riego. Porque ahora le damos el dinero a la gente que está en medio de la colada, en una parcela a la que no llega ningún camino y a la que no llega ninguna red de riego. ¿Cómo se va a reconstruir esa finca en esas condiciones?

Para el candidato de la coalición de izquierdas, la Administración, en la reconstrucción, se ha dedicado a “repartir dinero y a que cada uno se busque la vida”.

¿Qué ocurre? Que la Administración del Estado aporta el 50% para la recuperación de sus caminos y los ayuntamientos no tienen capacidad económica para poner el otro 50%. Y el Gobierno de Canarias se ha lavado las manos.

Hay que decirles a los ciudadanos de esta isla que el Gobierno de Canarias, en estos tres últimos años, ha dejado de gastar de sus presupuestos en torno a 3.400 millones de euros. Este año van a dejar de gastar en torno también a otros mil millones. En una legislatura son 4.500 millones de euros que se han dejado de invertir. No se puede decir que no hay recursos; lo que pasa es que se establecen otras prioridades. El Gobierno de Canarias podría haber subvencionado ese otro 50% para liberar a los ayuntamientos, a las corporaciones locales que no tienen capacidad económica para afrontar esas obras, para poder realizarlas en tiempo y forma.

O bien exigirle al Estado que ponga el 100 %, que sería otra forma. Nosotros estamos diciendo: vamos a exigir al Estado que ponga el 100 % y, si no fuera posible, tiene que ser el Gobierno de Canarias el que cubra ese 50 % restante.

La reconstrucción se hace sin planificación, repartiendo dinero. Hay personas que han reconstruido la finca y otras, como no pueden reconstruirla porque no tienen acceso a ella, se lo terminarán gastando en irse de vacaciones o en otros gastos, pero no se van a recuperar esas fincas, que terminarán seguramente luego vendiéndose y cayendo en manos de los grandes propietarios.

P. Otra de las cuestiones vinculadas a la reconstrucción, pero que también ha sido objeto de esta campaña electoral, tiene que ver con la bonificación del 60% del IRPF. De hecho, la candidata al Senado de Coalición Canaria, Miriam Perestelo, ha planteado que esa bonificación sea indefinida en el tiempo. ¿Desde UPC qué piensan de esta propuesta? ¿Están de acuerdo?

R. Nosotros decimos que se tiene que mantener una bonificación, pero que habría que cambiar la forma de cómo se aplica. Hay gente a la que se le devuelven 500.000-600.000 euros gracias al 60%. ¿A quiénes se les devuelve eso? A los que tienen ingresos por encima de los dos millones de euros, que los hay, haberlos, haylos. Decimos, por tanto, que es un impuesto regresivo porque se les devuelve más y se beneficia más al que más tiene, cuando los impuestos, de acuerdo con la Constitución, deberían ser progresivos.

Habría que establecer una escala de manera que se desgravara más, se bonificara más al que menos gana y se bonificara menos al que más gana. Y establecer un tope, un límite en esa bonificación, que podría estar en torno a los 12.000 euros. De manera que a los que ganan menos de 50.000 euros se les pudiera devolver la totalidad del 60% o de esa escala que se establezca, pero a los que ganan por encima de 100.000 euros no se les devuelvan 50.000, 60.000, 100.000 o hasta 500.000, 600.000 euros, porque de esa manera las rentas están yendo a los que más tienen. Debería recuperarse la progresividad de esa bonificación para que el impuesto de la renta siga siendo progresivo como establece la Carta Magna.

Miguel Ángel Pulido defiende el mantenimiento de la bonificación del 60% del IRPF, pero cambiando cómo se aplica.

P. ¿Y se muestran partidarios de que se bonifique indefinidamente en el tiempo? Hay indicadores socioeconómicos que muestran que la recuperación de la isla, por lo menos en cifras macroeconómicas, ha alcanzado, igualado y, en algunos casos, superado, los indicadores del año 2021.

R. Sí, habría que ampliarlo. Lo que no entendemos es que se tenga que ir haciendo año a año y que se haga a través de la Ley de Presupuestos, porque eso te obliga a una negociación anual. El período debería ser al menos el de la próxima legislatura y, al final, evaluar esos indicadores económicos que tú dices para ver si se mantiene, modifica o si se suprime esa bonificación, pero al menos para la próxima legislatura sí planteamos que se mantenga. Lo de carácter indefinido me parece que no es justo, porque podrían estar reclamando lo mismo la gente que viene de El Hierro o que vive en el norte de Tenerife, en las zonas despobladas o en las zonas rurales de la isla de Gran Canaria.

P. Otra cuestión de actualidad tiene que ver con el sistema energético en la isla. Desde la candidatura que encabezas has hecho algunos planteamientos en materia de soberanía energética. Es algo recurrente. En las próximas semanas veremos en campaña muchos posicionamientos políticos en este sentido, pero la realidad es que todavía en el año 2026 la producción de renovables en la isla no llega al 10% o lo supera en el mejor de los casos. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se debería hacer? ¿Cuáles son las propuestas de UPC para revertir esta situación?

R. En relación con la energía, hay que resolver primero el problema de los ceros energéticos y, para ello, es necesario modernizar las infraestructuras que tenemos, que algunas de ellas son arcaicas, por denominarlas de alguna manera. Para ello es necesario que haya inversión estatal, que el Cabildo cierre de una vez por todas el convenio que tiene que firmar con Red Eléctrica para desdoblar la línea de alta tensión que viene desde Las Breñas hasta el Valle de Aridane.

Es muy importante el cierre del anillo por el sur de la isla, por Fuencaliente. ¿Por qué? Porque en esas zonas del sur y suroeste de la isla se concentran las mejores oportunidades para fomentar las energías renovables. Ahí tenemos la posibilidad de la energía geotérmica, que hay que seguir investigando, pero también, por las horas de sol que tenemos y por la orientación de los vientos, seguir desarrollando las fotovoltaicas o la eólica. También estudiar cómo poder aprovechar la energía eólica mareomotriz, que casi nunca se habla de ello.

El problema que tenemos es que, si queremos desarrollar esa energía, no tenemos red donde cargar la energía que se produzca. Habría que tener una red de transporte que permitiera incorporar al conjunto de la isla la energía que se produzca.

“Hay una dejación por parte de las administraciones públicas en el desarrollo de la energía fotovoltaica”, denuncia Pulido.

Luego hay una dejación por parte de las administraciones públicas, y en este caso me refiero al Cabildo y los ayuntamientos, en el desarrollo de la energía fotovoltaica. No debería haber ningún edificio público de titularidad municipal o del Cabildo que no tuviera en las cubiertas placas fotovoltaicas. Yo el otro día me asombraba cuando veía que el Ayuntamiento de Tazacorte, por poner un ejemplo, ha devuelto una subvención que tenía de más de 300.000 euros para colocar energía fotovoltaica en los campos de fútbol y en algún edificio municipal.

Además, aprovechamos las cubiertas en vez de ocupar el suelo agrario con ese tipo de energía. Creo que hay que seguir defendiendo el suelo agrario de la isla y destinar las cubiertas de las naves industriales, los campos de fútbol, los polideportivos y los colegios públicos a desarrollar las energías fotovoltaicas, porque de esa manera estaríamos incrementando la producción de ese tipo de energía y reduciendo la energía fósil, que además nos hace muy dependientes del exterior y de la crisis que se produzca.

Ahora vemos cómo, como consecuencia de la guerra en Irán del amigo de Abascal, del señor Trump, se disparan los precios de la energía. Con el encarecimiento de la energía, se produce el de todos los productos de la cesta de la compra y, al final, estamos pagando la guerra de Trump del bolsillo de los ciudadanos, muchos de ellos sin capacidad para llegar a final de mes.

P. Tenemos elecciones generales el 29 de noviembre, pero en mayo del año próximo tenemos elecciones municipales, autonómicas y también, en el caso de Canarias, a los cabildos insulares. ¿UPC se presenta como un proyecto coyuntural para unas elecciones o hay voluntad o interés de prolongarse en el tiempo y de plantear una alternativa que, sobre todo en islas como La Palma, representaría a una parte de la población que actualmente no tiene representación en las instituciones, o no la tiene de forma tan importante como en otras islas, y que representa las ideas de los partidos que están ahí incluidos?

R. La voluntad política de las fuerzas que estamos hoy conformando Unidad del Pueblo Canario es que esto se mantenga. Que esto sea un primer ensayo, sea como si habláramos de un partido de fútbol, fuera la primera parte del partido; la segunda parte, quizá la más importante, porque es donde se va a decidir el resultado final, serán las elecciones autonómicas y municipales. Y yo creo que ahí se va a mantener esta confluencia, esta coalición de Unidad del Pueblo Canario, y estoy seguro de que vamos a obtener una representación importante en toda Canarias, tanto en el Parlamento de Canarias como en los cabildos y los ayuntamientos.

De manera que esto que he estado comentando en esta entrevista puede hacerse realidad presionando e impulsando desde las administraciones locales, desde la Administración autonómica, desde el Gobierno de Canarias, este tipo de políticas que vayan en defensa de los derechos sociales y laborales de la gente, de los servicios públicos, del presente y del futuro, para que la gente de La Palma y de Canarias no tenga que abandonar esta tierra y buscarse su sustento en otras partes del territorio.

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