En 2008, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó una medida fiscal que supuso un giro en la política económica de su mandato: una deducción directa de 400 euros en el IRPF para todos los contribuyentes.

La iniciativa surgió en un contexto de creciente inestabilidad global, con los primeros signos de la que sería la mayor crisis financiera en décadas. Ante esa coyuntura, la propuesta se presentó como una herramienta con doble finalidad: incentivar el consumo y el ahorro mediante un alivio inmediato, y reforzar el carácter progresivo del sistema tributario.

Zapatero defendió esta deducción no como un gesto electoralista, sino como parte de una estrategia fiscal expansiva orientada a proteger a las clases medias y trabajadoras en un escenario de contracción. La lógica era sencilla: devolver una cantidad fija beneficiaría más a quienes menos ingresaban, para quienes 400 euros representaban un alivio considerable. Pese a las críticas sobre su impacto en las arcas públicas, la medida se alineaba con los principios socialdemócratas que conciben la fiscalidad como herramienta de equidad.

Catorce años después, en 2022, y bajo un escenario muy distinto pero igualmente crítico, Coalición Canaria propuso una deducción del 60% en el IRPF para los residentes en La Palma, como respuesta a las devastadoras consecuencias de la erupción volcánica en la isla. La catástrofe había dañado viviendas, infraestructuras y el tejido productivo local. El objetivo era claro: reducir la carga tributaria y reactivar la economía insular.

Aunque ambas iniciativas nacieron de situaciones excepcionales y con vocación paliativa, difieren sustancialmente en diseño, orientación fiscal y efectos redistributivos. La deducción de Zapatero era una cuantía fija aplicable a todos, lo que en la práctica generaba un impacto progresivo: el beneficio era más relevante para quienes menos ganaban.

En cambio, la propuesta de Coalición Canaria apostaba por una rebaja proporcional, que favorece más a quienes tienen mayores ingresos, ya que tributan más y, por tanto, obtienen un mayor ahorro en términos absolutos. Lo que se presentaba como una medida igualitaria podía traducirse, en realidad, en un efecto regresivo.

Estos dos casos ilustran cómo el diseño técnico de una deducción fiscal determina su impacto distributivo. Mientras una cuantía fija tiende a reducir desigualdades, una rebaja porcentual generalizada —aunque acotada territorialmente— puede reforzarlas dentro del mismo colectivo.

En el ámbito tributario, las medidas que aparentan tratar a todos por igual pueden generar resultados profundamente desiguales. La equidad de una política fiscal no depende únicamente de su justificación política ni de su oportunidad, sino de los
mecanismos que la sostienen.

A menudo se asume que una deducción porcentual, como el 60% sobre la cuota, es más equitativa por aplicar el mismo criterio a todos. Sin embargo, al compararla con una deducción fija, se revela una diferencia sustancial: esta última favorece en mayor medida a las rentas bajas y medias. La clave está en cómo afecta al esfuerzo fiscal relativo de cada contribuyente.

Consideremos tres perfiles con ingresos anuales distintos: uno con 15.000 euros, otro con 30.000, y un tercero con 80.000. Para simplificar el ejemplo, asumamos que todos tributan un tipo efectivo del 15%, es decir, que pagan un 15% de sus ingresos brutos en el IRPF. Así, pagarían respectivamente 2.250, 4.500 y 12.000 euros en IRPF.

Aplicando una deducción del 60%, el ahorro sería de 1.350, 2.700 y 7.200 euros. Aunque el porcentaje es el mismo, el beneficio en términos absolutos es mayor para quien más gana. Además, la utilidad marginal del dinero no es equivalente: 7.200 euros no tienen el mismo valor para alguien que gana 80.000 que para quien apenas llega a 15.000.

Con una deducción fija de 400 euros, el impacto cambia radicalmente. Todos recibirían la misma cantidad nominal, pero el beneficio relativo sería mayor para las rentas bajas: para quien ingresa 15.000 euros, esa rebaja supone casi un 18% de su carga fiscal; para quien gana 80.000, apenas un 3,3%.

Este es el principio de la progresividad fiscal: ajustar la contribución según la capacidad económica de cada persona. Las deducciones fijas no solo evitan ampliar la brecha entre clases, sino que ayudan a reducirla, aliviando proporcionalmente más a quienes soportan una mayor carga relativa.

Por eso, frente a la apariencia atractiva de grandes porcentajes, conviene recordar que en fiscalidad la justicia no se mide solo en cifras, sino en efectos reales sobre las personas.

Una deducción de 400 euros, aunque modesta en términos absolutos, puede traducirse en una acción redistributiva mucho más eficaz que una rebaja del 60% que termina favoreciendo a quienes menos la necesitan.

Si el propósito de la política fiscal es construir una sociedad más equitativa, las deducciones deben entenderse no solo como alivios económicos, sino como instrumentos de cohesión social.