Cuando alrededor del 24 de octubre trascendió la noticia de que Coalición Canaria había presentado en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley para declarar el 7 de mayo como Día Canario de las Víctimas del Franquismo, mi primera reacción fue de estupor.

Doce días después, otra noticia informaba de que la misma Coalición Canaria, esta vez en el Cabildo de La Palma, registraba una moción para solicitar el homenaje y reconocimiento a las víctimas de la represión y el exilio provocados por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Fue entonces cuando llegué a pensar que Saulo había vuelto a caerse del caballo camino de Damasco.

Sin embargo, cuando en el pleno ordinario de noviembre se presenta en el Ayuntamiento de El Paso una propuesta para retirar honores a Francisco Franco, Blas y Esteban Pérez y a Luis Carrero Blanco —algo ya aprobado sin mayores traumas en numerosos ayuntamientos— se confirma que, en la corporación pasense, Saulo cabalga desbocado y que San Pablo no aparece por ninguna parte.

Coalición Canaria y el Partido Popular, que en este mandato mantienen posiciones enfrentadas en casi todo, se muestran en este asunto tan firmes y coincidentes como siempre lo han estado: en la defensa de la nomenclatura, la simbología y los honores franquistas. Una coherencia inquebrantable que arrastran desde que, a partir de 1983, comenzaron a presentarse las primeras propuestas de retirada en las mesas de plenos.

Es cierto que muchos rótulos alusivos a la dictadura han ido desapareciendo, pero más por milagro que por convicción. Sirva de ejemplo la antigua calle Generalísimo Franco, impuesta por orden escrita del Gobierno Civil en octubre de 1936 y rebautizada décadas después como Sagrado Corazón de Jesús. Como en un bucle de nacionalcatolicismo tardío, Franco se llevó su arco de flores en la visita de 1950 y el Sagrado le “quitó” la calle sesenta años más tarde.

Existiendo una Ley de Memoria Democrática, la oposición a la retirada de honores en El Paso no puede presentarse abiertamente como tal. Se disfraza bajo el eufemismo de dejar el asunto sobre la mesa alegando un supuesto escrúpulo procedimental. Pero ese escrúpulo esconde la vieja vocación de archivar el problema en una gaveta, ignorando deliberadamente que el artículo 92 del ROF obliga a llevarlo a la siguiente sesión ordinaria.

Y hablando de procedimientos, convendría recordar que el régimen franquista también tuvo el suyo. El ROF de 1952 establecía que, salvo el Jefe del Estado, no podían otorgarse honores a quienes desempeñaran altos cargos en la Administración cuando existiera relación jerárquica o de subordinación. Justo lo que aquí ocurrió: un ayuntamiento concediendo honores a un ministro y a un subsecretario, en una estructura piramidal donde el alcalde, como jefe local del Movimiento, rendía pleitesía al guardián de los principios del propio Movimiento Nacional.

Más kafkiano aún resulta el caso del subsecretario de Trabajo nombrado hijo adoptivo, que tras abandonar el cargo retomó su profesión de abogado y litigó contra el mismo ayuntamiento que lo había distinguido, ejerciendo contra sus intereses en los conocidos pleitos de La Caldera.

En diciembre de 1973 se dio nombre a una calle que delimitaba el solar donde se construiría el entonces futuro centro escolar de dieciséis unidades, hoy Colegio Público Adamancasis. El elegido fue el del almirante y presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, para que su “inquebrantable fidelidad a los principios del Movimiento Nacional sirviera de ejemplo a las futuras generaciones que allí se educarían”.

Aclaremos entonces las cosas: o cambiamos el nombre de la calle, o asumimos que en pleno siglo XXI debemos imponer al alumnado la Educación Política, la Formación del Espíritu Nacional y las Enseñanzas del Hogar al más puro estilo de la Secretaría General del Movimiento.

Y todo esto ocurre mientras Francisco Franco sigue siendo alcalde honorario y perpetuo de El Paso. Algo había que concederle cuando visitó el pueblo en 1950: un acto de adulación, quizás de miedo, pero nunca de libre raciocinio ni de argumentación democrática. Porque la libertad, simplemente, no existía.

Ángel Raúl Rodríguez Pages, exalcalde de El Paso.