Imagen de una infravivienda cedida por Cáritas.

Una de las conclusiones del I Informe sobre Exclusión Residencial Extrema en La Palma, elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife con la colaboración del Cabildo de La Palma, es que el 44,7 % de las 332 personas en exclusión residencial en la isla se encuentran en una situación “cronificada”, es decir, llevan más de tres años sin techo, sin vivienda o viviendo en alojamientos inadecuados e inseguros.

El estudio destaca que “el 20,5% de las personas localizadas se encuentran recientemente en esta situación”, por lo que llevan menos de 12 meses en lo que se denomina Situación de Exclusión Residencial Extrema (SERE).

Por su parte, el 30,7 % lleva entre 1 y 3 años en exclusión residencial, constituyendo el grupo más numeroso identificado por Cáritas, especialmente entre quienes fueron afectados por la emergencia volcánica. Se trata tanto de personas que viven en viviendas modulares y casas de madera, como de aquellas acogidas por familiares o que tienen arrendamientos sin contrato y que se encuentran en riesgo de desahucio.

El bloque de personas SERE con rangos de tiempo entre más de tres y cinco años en esta situación es el más representativo, con un porcentaje superior al resto, alcanzando el 39,1%, lo que equivale a 126 personas. Además, hay 29 personas, que representan el 9,6 % del total, que llevan más de diez años en exclusión residencial.

Cáritas destaca en un comunicado que, con el informe, “no solo busca diagnosticar, sino también visibilizar una realidad que duele y que interpela a toda la sociedad”, ya que defiende que “la vivienda es un derecho humano fundamental y su carencia conduce a la pérdida de dignidad y a la vulneración de otros derechos básicos”. Por ello, emplaza a “todas las instituciones” y a la “ciudadanía palmera” a “abordar de manera integral esta problemática que afecta a los más vulnerables”