Juan Antonio Martín, uno de los residentes a los que el Cabildo pretende desalojar de La Dehesa. EFE

Los partidos que forman la oposición en el Cabildo de La Palma, PSOE y PP, no conocían la decisión del grupo de Gobierno (CC) de proceder al desalojo de los residentes que no habían aceptado ser trasladados a otro centro en peores condiciones que las actuales, una medida que finalmente fue paralizada este miércoles. Por su parte, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Drago Canarias, actualmente sin representación en las instituciones de la isla, denuncian “advertencias intimidatorias impropias de una administración pública” y una “gestión autoritaria, opaca y socialmente insensible”.

Tanto PSOE como PP destacan que “lo que conocemos es lo que ha ido recogiendo la prensa”, como afirma Borja Perdomo, consejero del grupo socialista, en declaraciones a este periódico. Por su parte, Carlos Cabrera (PP) incide en que “nosotros no sabemos absolutamente nada de este asunto”, ya que “nos enteramos por los medios”, algo que, señala, “es lo habitual”. A su juicio, la problemática se “podía haber planteado en una comisión” que “jamás se convocó”.

Perdomo reconoce que el traslado de usuarios desde la Residencia de La Dehesa a otros centros ha supuesto “una situación conflictiva”, aunque entiende “que se ha hecho siguiendo los informes técnicos que son necesarios para una intervención de esta naturaleza”. El consejero defiende “actuar desde el diálogo y con humanidad”, teniendo presente “el respeto a los derechos de las personas residentes”.

Carlos Cabrera defiende que “se comience la obra cuanto antes”, pero que también haya “un diálogo intenso con todos los afectados”. Una obra que los socialistas también defienden como “necesaria”, aunque consideran que “se debe minimizar al máximo la afección a la calidad de vida de los residentes y a las condiciones de trabajo de los empleados”. Además, añade Perdomo, “toda obra genera molestias, pero en un centro de estas características se debe tener un cuidado especial para reducir esa afección a cero”.

Las mayores críticas a la forma en que se han planteado los desalojos por parte del Área de Acción Social del Cabildo de La Palma han llegado a través de IUC y de Drago La Palma. Para la coalición de izquierdas, el traslado de los mayores no dependientes residentes se está realizando “sin información previa suficiente, sin participación de las personas afectadas y con advertencias intimidatorias impropias de una administración pública”, denuncian en el texto. Además, desde la formación de izquierdas se destaca que “las personas afectadas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, por lo que, a su juicio, “la administración tenía la obligación legal y moral de garantizar alojamientos iguales o mejores, algo que no está cumpliendo”.

Drago La Palma calificó de “gestión autoritaria, opaca y socialmente insensible” la actuación de la institución insular en la reforma de la residencia de mayores y advirtió de que se están “cometiendo varias irregularidades”. En este sentido, apuntan que “la reforma carece de consulta previa y de participación efectiva por parte de quienes viven en el centro, pese a que el propio reglamento reconoce explícitamente ese derecho”.