El colectivo vecinal denuncian los “vertidos incontrolados” producidos durante años. CEDIDA

La Plataforma El Riachuelo-La Graja ha presentado una denuncia “ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Los Llanos de Aridane contra la entidad mercantil Áridos El Riachuelo S.A.U., a raíz de diversas actividades mineras e industriales que se llevan produciendo desde hace años y que han suscitado preocupación entre los vecinos” en esta zona de el municipio de El Paso, según trasladan en un comunicado de prensa.

“Uno de los temas más preocupantes de la denuncia es la posible contaminación del acuífero, el más grande de Canarias”, señalan, ya que manifiestan como “la empresa ha estado realizando vertidos incontrolados durante décadas, además de utilizar productos químicos que se filtran directamente al subsuelo sin el tratamiento adecuado”.

Para este colectivo vecinal, “estas aguas, originadas del lavado de la maquinaria de machaqueo, son potencialmente tóxicas y deberían ser gestionadas para prevenir su infiltración en el acuífero, lo que representa un grave riesgo para la salud pública y la calidad del agua”.

La denuncia incorpora “otras cuestiones alarmantes, como la afectación del Camino de Las Palomas, una vía con un gran valor etnográfico de titularidad del Ayuntamiento de El Paso”, así como “el impacto negativo en el yacimiento arqueológico de La Cueva Tiznada, descubierta en 2017, el primero en la isla donde se han encontrado manifestaciones rupestres”.

Recuerdan desde la plataforma que, según un informe de la sección de Patrimonio del Cabildo de La Palma, el yacimiento “presenta una afección ‘crítica’ debido a las actividades industriales que se desarrollan en la zona”.
Además, advierten de “la existencia de residuos contaminantes y bituminosos que han sido enterrados bajo la apariencia de residuos de la construcción, así como la degradación del paisaje, justo a las puertas del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente”.

La Plataforma El Riachuelo-La Graja “reafirma su compromiso de luchar por la revocación de la licencia concedida a la empresa por un periodo adicional de diecisiete años y exige que se tomen las medidas inmediatas para proteger el medio ambiente, la salud pública y el patrimonio cultural de la zona”.

Este colectivo vecinal manifiesta “la desidia y la falta de acción por parte de las administraciones y las fuerzas políticas, a quienes acusan de compadrear con el empresario”, lo que, a su juicio, “ha motivado a vecinas y vecinos a unirse en un clamor por exigir que se tomen medidas urgentes para salvaguardar el entorno de El Riachuelo”.