De arriba abajo y de izquierda a derecha: Casa Sotomayor Massieu, casa-torre de la Casa Sotomayor Massieu, Casa Poggio Maldonado y Acueducto de Argual. BOC

Los Llanos de Aridane tendrá que esperar para contar con su primer Bien de Interés Cultural (BIC). El Cabildo de La Palma decretó el pasado 26 de mayo “la caducidad del procedimiento” para declarar BIC, en la categoría de inmueble, el ‘Conjunto histórico de la antigua Hacienda y Llano de Argual’, según publicó esta semana el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El expediente se había iniciado al final del anterior mandato, cuando era consejera Jovita Monterrey (PSOE), existiendo un plazo de 24 meses “para resolver el procedimiento”, algo que no ocurrió, por lo que la institución insular, presidida por Sergio Rodríguez (CC), señala en el mencionado decreto que el 6 de octubre de 2025 “se produjo la caducidad del procedimiento”.

Este periódico preguntó al Cabildo de La Palma por los motivos de no aprobarse el expediente en el plazo establecido. En el momento de publicarse esta noticia, no se había obtenido respuesta.

En septiembre de 2023, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó los anexos complementarios al inicio del procedimiento, que incluían una memoria descriptiva, la delimitación del ámbito afectado y un anexo fotográfico de los bienes a proteger.

LA HACIENDA DE ARGUAL COMO “VESTIGIO DE UN TIPO DE SISTEMA PRODUCTIVO FEUDAL-MERCANTILISTA, BASADO EN LA MANO DE OBRA ESCLAVA”

En la memoria se destacaba la existencia de “elementos urbanos y edificaciones que, por su interés histórico, arquitectónico, artístico, cultural, arqueológico, etnográfico y paisajístico” necesitan de “la adecuada protección”.

De esta manera, se planteaba proteger “una veintena de edificaciones e hitos de relevante valor patrimonial, de diferentes usos y tipologías arquitectónicas”, por tratarse de “uno de los exponentes más originales y singulares de la historia, la cultura y la arquitectura tradicional canaria”.

Por otra parte, se incide en que la antigua Hacienda de Argual representa un “vestigio de un tipo de sistema productivo feudal-mercantilista, basado en la mano de obra esclava”, “característico de la expansión atlántica” y que “fue ensayado primero en Canarias”.

La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias establece que el procedimiento finaliza mediante decreto autonómico y “previo informe favorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias”, algo que no se produjo dentro del plazo legalmente establecido.

La normativa establece que “hasta que transcurran dos años desde la declaración de caducidad” no puede “volverse a iniciar” el expediente, salvo en determinados supuestos, como cuando exista una solicitud de los propietarios de los inmuebles afectados o lo insten instituciones consultivas, como el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias o la Comisión Insular de Patrimonio Cultural.