Desde hace algunos años, algunos empresarios y representantes del sector turístico en La Palma, vinculados sobre todo a FEDEPALMA y al Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), han estado afanados en trasladar a los ciudadanos, que el turismo, en esta isla, no recibe ayudas públicas o por lo menos, no tantas como el cultivo del plátano o el sector primario en su conjunto. Pero dichas afirmaciones son totalmente falsas, interesadas y muchas veces, malintencionadas.

El turismo en Canarias y también en La Palma, no existiría con su actual dimensión, de no ser por las cuantiosas ayudas públicas que ha recibido y sigue recibiendo y no siempre en forma de subvenciones o ayudas directas sino, sobre todo, en forma de infraestructuras y servicios financiados con los presupuestos de las diversas administraciones públicas.

Desde sus inicios, el turismo ha sido la actividad más mimada de la economía canaria por las administraciones. No es necesario ser un gran analista de la realidad, para darse cuenta que el Cabildo y la mayoría de los ayuntamientos de la isla, han estado, en los últimos 40 años, facilitando el desarrollo y la consolidación del turismo, para ir convirtiendo a La Palma, poco a poco, en un auténtico parque de atracciones, al servicio del mercado turístico español y europeo.

Gran parte de los proyectos y fondos que están llegando a la isla, en el marco de la mal llamada reconstrucción insular, también están siendo utilizados para justificar esta alfombra roja, que nuestros gobernantes están poniendo al empresariado e inversores turísticos.

Sin ir más lejos, el pasado 8 de junio, el Cabildo ha anunciado la convocatoria de subvenciones a empresas, empresarios individuales, CIT, asociaciones y otras entidades turísticas, con el objeto de fomentar programas de desarrollo y dinamización turística de La Palma.

El desproporcionado aeropuerto de La Palma, se concibió pensando, sobre todo, en la posibilidad de que la isla tuviese en torno a 25.000 camas turísticas operativas. Una cifra que siempre ha sido el deseo de los grupos políticos mayoritarios, aunque en los últimos meses, algún representante del Cabildo, ya ha estimado que esta isla podría alcanzar un techo de 30.000 camas, representando, aproximadamente, un 35 % de la población actual de La Palma.

La otra gran obra pública que se concibió, sobre todo, pensando en el despegue turístico del Valle de Aridane, es la ampliación del muelle nuevo del Puerto de Tazacorte. Una infraestructura que sólo ha servido para que las personas vayamos a pasear, para que los niños aprendan a montar en bicicleta o para que cada año, al inicio del verano, un barco subvencionado traiga a gran parte del público del resto de islas para asistir al “Love Festival”.

Pero lo verdaderamente inconcebible, es que los representantes políticos que impulsaron este nuevo muelle, todavía no se hayan sentado a dar explicaciones delante de un juez, por el derroche de millones de euros que supuso dicha obra. Si esto ya es un verdadero escándalo, algunas mentes privilegiadas del Gobierno de Canarias, ya están deslizando la posibilidad de abordar una segunda ampliación del actual puerto.

La práctica totalidad de las nuevas carreteras actuales y previstas o las supuestas mejoras en otras, tienen como objetivo fundamental, ayudar a los promotores o inversores turísticos en el desarrollo de sus negocios. Carreteras como el nuevo acceso al puerto de Tazacorte, la vía desde Tijarafe hasta Llano Negro, en Garafía, la conexión de La Zamora con El Remo o la remodelación de la “curva de los castañeros”, van a cumplir esa función facilitadora del desarrollo turístico por toda la geografía insular.

Asimismo, si no lo impedimos, veremos más pronto que tarde, el inicio de la tramitación administrativa necesaria, para impulsar la construcción del puente sobre el Barranco de Las Angustias, el tercer carril entre Los Llanos y la parte alta de El Paso o un nuevo túnel en la Cumbre, que posibilitaría el despegue y la progresiva consolidación del turismo en el Valle de Aridane y el noroeste de la isla.

La mayor parte de estas obras, nos las quieren vender, con el argumento de que son necesarias para mejorar la seguridad vial o recurriendo a expresiones vacías y huecas como la socorrida cohesión insular, cuando lo cierto, es que son infraestructuras públicas, al servicio, sobre todo, de la deseada expansión turística en La Palma.

Infraestructuras como el futuro Hotel Escuela en El Paso o acciones como la participación año tras año en FITUR o en la feria de Berlín, donde observamos, atónitos, el peregrinaje de numerosos cargos insulares o locales a dichos eventos, los acuerdos cuasi secretos del Cabildo con los turoperadores para rogarles que vuelen a la isla o los millones de euros gastados anualmente en promoción exterior o en la organización de eventos como la Transvulcania, cuyos efectos positivos, se pretenden justificar con informes económicos que carecen del necesario rigor requerido, son ejemplos que afianzan la idea que el conjunto de administraciones públicas de La Palma, están allanando y preparando el terreno, con dinero de todos los ciudadanos, para darle un giro radical a la economía de la isla y que el turismo sea el sector dominante.

La mayoría de los ayuntamientos de esta isla, por no decir todos, también colaboran, en el marco de unas competencias turísticas que no tienen, en la organización de eventos de todo tipo, que están dirigidos, casi que exclusivamente, al turista. Nos estamos refiriendo a los carnavales de Los Llanos de Aridane o de Santa Cruz de La Palma o eventos musicales de todo tipo, enmascarados bajo el término ambiguo de “actos culturales”.

Es vergonzoso que muchas corporaciones locales, estén funcionando como verdaderos productores artísticos y de forma paralela, dejando de lado la mejora en la prestación de muchos servicios públicos y practicando con ello, un electoralismo y populismo permanentes, impropio de sociedades modernas y con solidez democrática, como, supuestamente, son Canarias y España.

Los diversos instrumentos fiscales y no fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, también están al servicio de las empresas que operan en el sector turístico de las islas. Por otro lado, cada año llegan al Archipiélago cuantiosos fondos que se conceden en el marco del Programa de Incentivos Regionales, gestionado por el Ministerio de Hacienda y que se dirigen, de manera explícita, al desarrollo de proyectos hoteleros y de ocio de gran escala.

Con todo ello, es fácil deducir y no nos equivocamos al afirmar que el empresariado turístico en Canarias y también en La Palma, está jugando en el tablero económico, con las cartas marcadas. Es un sector dopado por la inyección de dinero público y eso es actuar con trampas, pero claro, esto no interesa que se conozca.

El propio sector turístico afirma que su actividad representa, aproximadamente, el 37 % del PIB de Canarias y el 42,30 % del empleo total. Si esto es así, tendremos que estar todos de acuerdo en que el turismo también será responsable de que el salario más frecuente en Canarias sea inferior al español, que Canarias, sea una de las regiones españolas con peores datos de pobreza, riesgo de pobreza, desempleo o tasa de trabajadores pobres, que soportemos un deterioro ambiental casi irreversible y donde la corrupción se extiende por algunas esferas de la clase política gobernante.

El hecho de que la economía canaria pivote en torno al turismo, irá generando un proceso casi irreversible de colapso territorial, económico y social y cuyas consecuencias todavía, no alcanzamos a imaginar.

Con cada nueva cama turística que se crea en La Palma, se dificulta el diseño de otra estrategia de desarrollo en esta isla. No se nos puede seguir obligando a decidir entre lo malo y lo peor, porque todavía estamos a tiempo de hacer las cosas de otra manera y de reconducir este camino que, si no lo remediamos, nos llevará al desastre.

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es Economista.