Un establecimiento comercial sin suministro eléctrico en Los Llanos de Aridane durante el último cero energético registrado en la isla. EL PERIÓDICO DE LA PALMA

Son tiempos de cambio en los sistemas eléctricos porque las renovables han llegado para quedarse y lo determinante es cómo hacemos la incorporación de las energías limpias y quiénes deben ser los protagonistas del proceso del cambio. Las renovables representan la alternativa para sustituir a unos combustibles fósiles que se acaban y son la solución para abordar el grave problema del cambio climático antropogénico que han provocado.

Un mantenimiento insuficiente de los grupos de generación en la central de Los Guinchos, la incorporación, en diferentes puntos de la geografía insular, de instalaciones de autoconsumo y la no adaptación del sistema en su conjunto a las nuevas exigencias de la transición energética han sido las causas de diferentes apagones que tantas molestias y pérdidas económicas ocasionan.

Abordar las soluciones desde la política energética, que corresponde a los grupos de Gobierno que deben defender el interés general, no es fácil cuando el dueño del sistema eléctrico insular es una multinacional extranjera del Gobierno italiano. No es muy difícil entender que sus intereses, que son los dividendos de sus accionistas, no coinciden con los de los usuarios del servicio eléctrico en La Palma.

Por lo tanto, en un contexto de intereses contrapuestos, las estrategias de solución a los apagones podríamos agruparlas en dos: la que mantiene el protagonismo del sistema en la gestión de la oferta, tiende a reparar las carencias del modelo fósil actual y que significa prorrogar la vida útil del sistema que se quiere cambiar; y la que busca la garantía del suministro y la estabilidad del sistema acelerando la transición energética, centrando el interés en la gestión de la demanda a través de una generación y un almacenamiento descentralizado con una red de distribución digitalizada, la democratización de las renovables y un control público y comunitario de su gestión.

El mantenimiento del negocio del monopolio es incompatible con la defensa del interés general que, lamentablemente, es lo que está ocurriendo en Canarias, cuando la transición ha quedado reducida a pasar de la dependencia del petróleo a la privatización de las renovables.

Exceptuando la línea de transporte de 66 kilovoltios entre Los Guinchos y el Valle, que es de Red Eléctrica Española (REE) —en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) representa el 20 % del accionariado y el 80 % restante corresponde a multinacionales y fondos de inversión—, el resto del sistema eléctrico insular, la central de generación de Los Guinchos y la totalidad de la red de distribución es propiedad de la multinacional Enel (accionista mayoritaria de Endesa), de la que es titular el Gobierno italiano.

Las dificultades que La Palma Renovable ha tenido, desde la comunidad energética insular Energía Bonita, para desarrollar sus proyectos de autoconsumo compartido se explican desde ese contexto de intereses contrapuestos. La voluntad de la organización comunitaria, en forma de cooperativa, quiere ser protagonista en la gestión de su demanda eléctrica, impulsando un proceso de empoderamiento energético que equivale, por otro lado, a una pérdida de clientes para quienes han tenido el control pleno del sistema insular. Por esa razón, la filial de distribución de Endesa/Enel, E-Distribución, ejerce una posición de dominio activa sobre el desarrollo de los proyectos de autoconsumo compartido de la Cooperativa Energía Bonita, para los que la red es imprescindible. La regulación del autoconsumo y de las comunidades energéticas se ha desarrollado tan tarde que ha servido para retrasar y obstaculizar la participación ciudadana y la democratización de las renovables, que representa el cambio de modelo.

Por eso, desde el primer momento, coincidiendo con la etapa de José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía (2011-16), las eléctricas y multinacionales del sector hicieron una oposición feroz en contra del autoconsumo. ¿Recuerdan lo del impuesto al sol y cómo obligaron a anular las primas a las renovables, que arruinaron a unos cincuenta mil pequeños inversores españoles que creyeron en el BOE?

Esa normativa aplicada con efecto retroactivo generó, al mismo tiempo, de acuerdo con el Tratado sobre la Carta de la Energía que protege las inversiones de medio centenar de recursos de inversores extranjeros, una deuda para de España de varios miles de millones de euros, de los que las arcas públicas ya han realizado indemnizaciones de varios cientos de millones. Unas reclamaciones que continúan tramitándose actualmente.

Estamos hablando de una transición energética controlada por las multinacionales del sector y no ha sido solo el autoconsumo el que ha llegado tarde y mal; peor es lo que ha ocurrido con la red de distribución, saturada y no adaptada a las exigencias de los nuevos protagonistas del sistema eléctrico, como son los prosumidores (consumidores y generadores a la vez). Se necesita una red que facilite la generación y el almacenamiento distribuido, que permita gestionar de forma automática los excedentes de los autoconsumos para el pleno aprovechamiento de las instalaciones.

Figura 1. Red eléctrica de transporte (Los Guinchos-Valle de Aridane) y red de distribución (Los Guinchos-El Mulato). A la derecha, línea de distribución de El Mulato, fotografiada desde el mirador de Llano de Clara (Los Sauces).

El problema está en una red de distribución vieja y opaca, que no está preparada para gestionar la incorporación de instalaciones fotovoltaicas y sus excedentes, repartidas por todo el territorio insular, y la solución no es prorrogar las instalaciones del viejo modelo centralizado en Los Guinchos, porque significa retrasar la incorporación de las renovables cuando tenemos en La Palma el sistema eléctrico más aislado de Canarias, con la mayor dependencia del petróleo y el mayor retraso del archipiélago en el desarrollo de las energías limpias.

Los apagones tienen que cambiar de bando: de los ciudadanos y la economía local, que son las víctimas habituales, a las multinacionales del sector. La isla necesita dirección y voluntad política para avanzar y acelerar el cambio de modelo, que es el de la transición democrática de las renovables. Esa dirección ya existe desde 2017, con el Manifiesto del Electrón, fruto de un amplio consenso social y de todas las formaciones políticas palmeras para el cambio de modelo energético insular. Ese consenso se actualizó en 2023 con motivo del plan de recuperación social y económica tras la crisis volcánica del Tajogaite. Y, a pesar de tener la suerte de contar con La Palma Renovable y la Cooperativa Energía Bonita, que son un referente en Canarias y fuera de las islas como ejemplo de participación comunitaria, lamentablemente, los grupos de gobierno local parecen tener otras prioridades y la transición energética en La Palma sigue atascada.

Cuando el objetivo hoy, en un contexto internacional de permanentes crisis energéticas, es reducir la grave dependencia del petróleo y, para ello, se necesita la realización de inversiones para adaptar la red de distribución al nuevo modelo energético, que es el de la autosuficiencia y la soberanía energética, el único que va a beneficiar a los consumos domésticos y a la economía insular, conviene recordar que los costes de generación en el autoconsumo son de unos 50 €/MWh, mientras que en Los Guinchos, con petróleo, son de 300 €/MWh (datos del Anuario Energético de Canarias 2023 y de La Palma Renovable). Vaya diferencia. Un ahorro sustancial por cada megavatio, que, si trasladamos a la generación total de un año en la isla, estaríamos hablando de un ahorro de 60 millones de euros. Somos conscientes de que no existen sistemas insulares con un 100 % de generación distribuida. Por ejemplo, la incorporación de la geotermia, si las perforaciones previstas llegasen a buen término, es generación concentrada que aporta gestionabilidad al sistema.

Figura 2. Comparación entre el modelo energético centralizado y el modelo de generación distribuida en La Palma. Elaboración propia.

Los datos que obtenemos del Anuario Energético de Canarias nos indican que las renovables de generación concentrada de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos, de gran impacto territorial y que representan la privatización del sol y el viento, no reducen los costes de generación y, por lo tanto, no tendremos beneficios en el recibo de la luz. Queda meridianamente claro que el modelo que nos interesa en La Palma es el de generación distribuida, basado en las dos modalidades de autoconsumo, individual y colectivo, acompañado de almacenamiento, también distribuido, y una gestión comunitaria de la demanda, con una red digitalizada que permita el aprovechamiento eficiente de los excedentes.

Somos los consumidores, los titulares de los contratos del servicio eléctrico, los que mantenemos la red de transporte y distribución con una aportación, en concepto de peaje de acceso, de en torno al 12 % de lo que pagamos en el recibo de la luz, y también aportamos otra parte para cubrir la disponibilidad de potencia en el sistema de generación. Por lo tanto, es responsabilidad de Enel/Endesa garantizar el suministro, obligación que incumplió, como ha ocurrido en los apagones de La Palma y Tenerife entre 2018 y 2020. Se abrió el correspondiente expediente sancionador y, como es costumbre, un incumplimiento en los tiempos de tramitación del expediente ha obligado al Gobierno canario a devolver los 46 millones de euros (42,9 millones + 3,5 millones de intereses) de multa a Enel/Endesa y REE. ¡Qué casualidad con los defectos de forma en la tramitación de este tipo de expedientes! ¿Los funcionarios encargados de estas tareas no conocen los procedimientos? Porque son frecuentes las nulidades de los expedientes sancionadores que afectan a las eléctricas y multinacionales del sector. La Audiencia de Cuentas de Canarias ve indicios de responsabilidad contable que deberá dilucidar el Tribunal de Enjuiciamiento Contable.

Frente a estos comportamientos, en los que los usuarios siempre somos los perjudicados, tenemos que ir más allá de la soberanía energética en el sentido del uso y aprovechamiento de los recursos energéticos propios para sustituir al petróleo, y apostar por el control de la red, como ya se está haciendo en muchas localidades de la Unión Europea (UE) y en comunidades autónomas de España.

¿Qué proponemos? Descartada la solución de la conexión submarina con Tenerife, porque la profundidad oceánica entre Tenerife y La Palma es el triple que la existente entre La Gomera y Tenerife, recientemente inaugurada, y aunque, como ciudadanos de a pie, no entendemos los aspectos técnicos ni tenemos por qué saber lo que es “deslastrar” el sistema para evitar un apagón, que es la explicación que se nos ha dado tras el último apagón de la isla, sí tenemos claro que las soluciones pasan por acelerar la transición energética en La Palma y no por medidas que prorrogan el modelo dependiente del petróleo. Por lo tanto, solicitamos:

I. La aceleración (1) de la incorporación de las renovables al sistema insular para desactivar los apagones, puesto que, en un sistema de generación descentralizado, el efecto de los ceros energéticos se amortigua porque habría numerosos centros de generación y almacenamiento distribuidos, con una red de distribución digitalizada que reparte los excedentes en función de la demanda, frente al viejo modelo centralizado de Los Guinchos, donde los impactos son mayores.

II. Aprovechar la entidad que se ha constituido para desarrollar el proyecto de exploración geotérmica y ampliarla a toda la transición energética, convirtiéndola en una empresa insular público-privada y comunitaria, siguiendo el ejemplo de las Azores, para que prevalezca el interés general en el cambio de modelo. En La Palma ya contamos con La Palma Renovable y la Cooperativa Energía Bonita, un embrión ejemplar de empoderamiento energético comunitario al que tendrían que sumarse los ayuntamientos y las entidades de la economía local. (El Cabildo de La Palma ya tuvo su empresa pública de electricidad, Riegos y Fuerzas de La Palma, S. A. (1947-1971), que, además, inició la electrificación de El Hierro, La Gomera y Fuerteventura).

III. Exigencia de responsabilidades a quienes hayan permitido los defectos de forma en el expediente sancionador a Endesa/Enel y REE por los apagones entre 2018 y 2020, lo que ha llevado a la nulidad de dicho expediente y, por lo tanto, a que el Gobierno canario haya devuelto el importe de la multa de 46,4 millones de euros.

IV. Liberalizar los contadores del control de E-Distribución (Endesa/Enel) para tener acceso directo a toda la información relacionada con nuestros perfiles de consumo. Información imprescindible para una gestión racional basada en criterios de ahorro y eficiencia. ¿Por qué tenemos que pedir autorización al titular de la red de distribución para acceder a los datos de consumo cuando somos los dueños del contador y de la información que este acumula? ¿Dónde queda aquí la ley de protección de datos, cuando hoy sería sencillo acceder directamente a los datos del contador desde el móvil, como lo hacemos con la información de nuestras instalaciones fotovoltaicas?

V. Por la repercusión que la incorporación de las renovables tiene en el conjunto de la economía insular, apostamos por el control público del sistema eléctrico y, por lo tanto, reivindicamos la municipalización de la red de distribución (todas las formaciones políticas de la isla suscribieron esta demanda en 2023, cuando actualizamos el Manifiesto del Electrón con motivo del Plan de Recuperación del Tajogaite) para ponerla al servicio de los ciudadanos y las economías locales, como ya se viene reivindicando desde hace tiempo en muchas ciudades de la Unión Europea (UE) y en algunas comunidades autónomas españolas. Es el caso de la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP), en Cataluña, que comenzó con 47 municipios en 2020 y hoy integra a 111 municipios y entidades, con una población de 3,4 millones de habitantes.

VI. Que las administraciones locales palmeras (Cabildo y ayuntamientos) se unan a la alianza que se acaba de constituir para exigir la auditoría de la red de distribución eléctrica por los frecuentes apagones que se producen, especialmente a partir del gran apagón en España del 28 de abril de 2025. De esta alianza ya forma parte la Comunidad Energética Insular de La Palma, con la finalidad de sumar fuerzas para acabar con el control que el oligopolio de E-Distribución (Endesa) ejerce sobre la red, mejorar su funcionamiento y ponerla al servicio del interés general.

(1) El documento La transición energética en el Plan de recuperación social y económica de la crisis volcánica del Tajogaite (2023), elaborado con la participación de todas las formaciones políticas de La Palma, establece como objetivo principal la aceleración de la transición energética en el contexto de la última crisis volcánica. Fue aprobado por unanimidad por el Cabildo de La Palma.