Alejandro Rodríguez Pais investiga los conflictos por el control y la gestión del agua en los archipiélagos de la Macaronesia, con especial atención a La Palma. CEDIDA

Alejandro Rodríguez Pais (El Paso, 1999), graduado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de La Laguna, estudia en la tesis doctoral que elabora los conflictos que se generan por el control y gestión del agua en los archipiélagos de la Macaronesia. En ese trabajo juega un papel destacado La Palma, donde el peso de la propiedad privada en la titularidad del recurso sobresale sobre otros territorios.

En esta entrevista destaca el hecho de que “sigue sin saberse cuánta agua se extrae en la isla”, lo que dificulta su gestión. Por un lado, “el dato de hectómetros que se maneja” sobre la explotación del denominado acuífero Coebra, que alimenta los nacientes de la Caldera y de Marcos y Cordero, “es un dato muy antiguo y es una estimación”. Por otro, existe una falta de transmisión de datos actualizados por parte de las comunidades que gestionan pozos y galerías a los poderes públicos, que carecen de capacidad jurídica para “exigir” esos datos.

En el caso del acuífero Coebra, subraya que, si estuviera “sobreexplotado”, se podrían tomar medidas desde los poderes públicos, independientemente de la propiedad de las aguas alumbradas. Se trata de algo que se desconoce, ya que, como indica, en la planificación hidrológica “no se describe como tal” el mencionado acuífero.

Alejandro Rodríguez subraya la falta de datos sobre la explotación del Acuífero Coebra.

Rodríguez incide también en que la falta de datos se da sobre todo en comunidades del norte de la isla (“Puntallana y sobre todo Las Breñas que sacan muchísima agua”) y advierte que el Consejo Insular de Aguas de La Palma, órgano encargado de la planificación y gestión, “no tiene capacidad jurídica” para intervenir, ya que “frente a todo está la propiedad privada del agua”. “Si la propiedad es privada y tú no tienes capacidad como Administración pública de exigir cómo están los datos, cómo son los volúmenes de extracción, tenemos un problema”, añade.

Para este investigador, el problema está en que “el agua sea privada en sí”, más allá de la gestión, y pone el ejemplo de un propietario que le manifestó: “En invierno tiro el agua”, aunque podía incorporar el agua sobrante al Canal LP-1, algo que, según explica, no le interesaba.

Para Rodríguez, el problema reside en que “el agua sea privada en sí”, más allá de su gestión.

Esta actitud supone para Alejandro Rodríguez un reflejo de “la construcción social que tenemos del agua en la isla”. Una “mentalidad” que “está determinada por la propiedad privada” del recurso y que se justifica con argumentos como “la pagué, invertí en las perforaciones o lo hizo mi abuelo”.

Para este antropólogo, esta mentalidad tiene “más peso” que la propia legislación y pone como ejemplo las movilizaciones contra la Ley de Aguas de 1987, impulsada por el Gobierno de Jerónimo Saavedra (PSOE), que, a su juicio, planteaba una visión “más clara” sobre la propiedad y la gestión del agua en las islas.

Frente a aquella norma, los propietarios de este recurso en La Palma y Tenerife “se manifestaron masivamente” y el siguiente ejecutivo regional (centro derecha) la derogó y promulgó una nueva, en 1990, que Rodríguez cree permite una “interpretación muy amplia”.

“¿EN LA PALMA FALTA EL AGUA? DEPENDE PARA QUÉ. ¿Y PARA QUIÉN?”

En relación con si el agua disponible actualmente en la isla es suficiente o no, Rodríguez señala que la escasez “es un concepto que viene determinado por nuestra percepción” y pone como ejemplo que “si tuviéramos otro modelo productivo mucho menos demandante de agua, el agua sobraba, en términos humanos”.

En la actualidad, el modelo productivo donde la agricultura de exportación, fundamentalmente el plátano, tiene un peso destacado “es muy demandante de agua” y “el que parece que estamos en transición, que es el turismo, es todavía más demandante de agua”.

Este investigador destaca que “si tuviéramos otro modelo productivo mucho menos demandante de agua, el agua sobraba, en términos humanos”.

Cuestionado sobre una transición de un modelo de propiedad privada, como el actual, a uno público, Rodríguez argumenta que pesaría más “la mentalidad del agua en La Palma determinada por la propiedad” que la mayor o menor capacidad de las administraciones para “gestionar directamente un montón de agua”.

Tras el pleito del Ayuntamiento de El Paso contra Las Haciendas, durante el franquismo, por la titularidad de los terrenos y las aguas de la Caldera de Taburiente, los poderes públicos en la isla no han vuelto a reivindicar iniciativas de este tipo por la propiedad de agua. Considera que esto se debe a que ha sido un sistema que “ha funcionado, entre comillas, bastante bien hasta 2012, cuando empieza la crisis climática en La Palma, con la sequía”.

Rodríguez Pais apunta que el sistema privado “ha funcionado, entre comillas, bastante bien hasta 2012, cuando empieza la crisis climática en La Palma, con la sequía”.

Rodríguez Pais se muestra partidario de “arreglar infraestructuras” y cita entre ellas algunas públicas, como el Canal LP-1, que registra numerosas pérdidas por fugas, pero enfatiza que estas actuaciones no resuelven la cuestión que considera principal: “saber cuánta agua se extrae de la isla”.

Además, señala un problema de “dejadez” en los asuntos relacionados con el agua de titularidad privada y pone el ejemplo de personas que “se enteran que tiene acciones de agua en un duelo” o “al mes de la muerte del familiar”. En ocasiones, estos duelos llegan a convertirse en “espacios de compra-venta”.

Rodríguez Pais denuncia la “dejadez” en los asuntos relacionados con el agua de titularidad privada.