Alejandro Acosta, coordinador insular de Izquierda Unida en La Palma. EL PERIÓDICO DE LA PALMA

Izquierda Unida ha sido la única formación política que ha cuestionado la bonificación del 60% en el IRPF para las personas residentes en La Palma. Su nuevo coordinador, Alejandro Acosta, defiende en esta entrevista “abrir el debate” sobre una medida que a juicio de la formación de izquierdas está generando una mayor “desigualdad” entre los palmeros. De cara a las elecciones del 2027, Acosta defiende una candidatura conjunta con el resto de partidos de izquierdas “sin vetos”, tanto en La Palma, como en Canarias, que permita a su formación política volver recuperar representación en la isla.

Pregunta. En un reciente comunicado de prensa, Izquierda Unida (IU) se mostraba muy crítica con lo que consideraba una “gestión nefasta” y “alejada de las prioridades” de la mayoría de la sociedad por parte de los tres partidos que mayoritariamente gobiernan las instituciones de la isla. ¿Cuáles serían las prioridades para su La Palma?

Respuesta. Frente a las que vienen estableciendo PSOE, PP y CC, creemos que hay que darle prioridad fundamental a todas las cuestiones sociales, al agua también, que es un tema que siempre Izquierda Unida ha estado muy comprometida desde hace muchos años, desde la lucha que hubo en los Llanos de Aridane contra la privatización.

Cuestiones sociales por encima, por delante, de ese fomento del turismo masivo que respaldan los otros tres partidos que gobiernan y que no ven más allá de ese modelo de desarrollo que, evidentemente, no es todo, ni resuelve todos los problemas que tenemos quienes vivimos en La Palma.

Nosotros queremos darle prioridad a lo social, pero también al desarrollo económico por distintas vías, también en turismo, por supuesto, pero no en exclusiva, y que dejen de estar abandonadas tantas cuestiones importantes.

Vemos también como se aumenta el gasto en cuestiones como conciertos, espectáculos, etc., que son necesarios, pero que cuando están tantas cuestiones fundamentales desatendidas, resulta un poco preocupante.

El coordinador de IU en La Palma cuestiona el gasto en conciertos por parte de las administraciones mientras “cuestiones fundamentales están desatendidas”.

P. Uno de los aspectos en los que IU criticaba la falta de transparencia y señalaba la necesidad de una mejor gestión es en el agua, lo que les ha llevado incluso a plantear un comunicado conjunto con la asociación Agua para La Palma. Denuncian que el Consejo Insular de Aguas hace “dejación de funciones” y se ha convertido en un “lobby de los principales propietarios de agua privada”. ¿En qué decisiones creen que se materializa ese uso del Consejo como un lobby de los intereses privados?

R. En los últimos meses nos hemos reunido con muchos colectivos, uno de ellos es la Asociación Agua para La Palma. En esa reunión abordamos las distintas cuestiones prioritarias, tanto para ellos como para nosotros y hemos llegado a ese consenso de que el Consejo Insular de Aguas solo favorece a los grandes propietarios de agua, por ejemplo, con el fomento de las desaladoras y no ver más allá de la desalación.

Esta problemática es muy sencilla de entender para cualquiera. ¿Cómo ustedes, señores del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, quieren invertir tantos fondos en desalar si las redes de distribución pierden el 50% en el mejor de los casos, cuando no pierden más?

Una vez que ustedes desalan esa agua y la pongan a circular, ¿saben lo que hay? Se va a perder la mitad del agua en el camino porque no están al día las redes de distribución, ya que lo han tratado eso como un tema secundario. Eso es solo un ejemplo de que las prioridades de este Consejo Insular de Agua no repercuten en el bienestar de todos los ciudadanos. De hecho, esas pérdidas de agua aumentan la escasez de forma falsa.

Luego hablan de la escasez de lluvia, pero el problema es la mala gestión, las malas redes de distribución. Perdiéndose tanta agua aumenta el precio, ya que a menor cantidad de agua disponible, como ocurre con cualquier otro producto, aumenta el precio.

IU rechaza la apuesta del Consejo Insular de Aguas de La Palma por la desalación.

P. ¿No cree que la pervivencia de un sistema en el que los propietarios privados tienen tanta capacidad de influencia en el reparto del agua es también uno de los factores que explican que se haya llegado a esta situación?

R. Desde luego, que la mayor parte del agua de esta isla esté en unas pocas manos privadas, no facilita su gestión. Pero también es cierto que el poder que puede ejercer el Consejo Insular de Aguas en pro de lograr la mejor gestión y eficiencia posible de las aguas que circulan por nuestra isla es real y lo podría ejercer por muchas vías.

No tienen que recurrir a la coacción, ni nada parecido. Está entregando permanentemente subvenciones a estas asociaciones o comunidades privadas de agua. Muy bien, entréguelas a condición de que se logren unos niveles de eficiencia y de rigor, de buena gestión, obligatorios, porque si no, no se puede estar entregando fondos públicos a quienes atentan contra nuestro bienestar, contra el buen desarrollo de la agricultura y que sólo buscan el máximo beneficio y excusas para incrementar los precios del agua.

El Consejo Insular de Aguas tiene la última palabra. Estas empresas privadas de gestión del agua disponen de concesiones. El agua realmente es pública. Tienen concesiones por 50 años, por X años, tienen unas obligaciones, no simplemente ‘tengo derecho a disponer del agua’, tienen que hacer una gestión eficiente que mejore el bienestar de todos los palmeros. Y en base a eso, el Consejo Insular de Aguas tiene muchas tareas pendientes.

No está haciendo nada, sino proteger a ciertos aguatenientes. Y hay que decirlo así de claro, porque esta nueva iniciativa, el poner todos los huevos en el cesto de la desalación, es un ejemplo. ¿Esas desaladoras van a ser públicas? No, ni siquiera eso. Seguro que la gestión va a acabar recayendo en una empresa privada. E incluso algunas de las desaladoras las quieren construir empresas privadas. Esto pone a las claras que la prioridad para este Consejo Insular de Aguas no es que los palmeros dispongamos de buena calidad de agua y a buen precio.

Que la mayor parte del agua de esta isla esté en unas pocas manos privadas, no facilita su gestión. Pero también es cierto que el poder que puede ejercer el Consejo Insular en pro de lograr la mejor gestión es real y lo podría ejercer.

P. Otra de las cuestiones en las que IU llamaba la atención recientemente tenía que ver con el llamado proceso de reconstrucción del Valle de Aridane tras la erupción volcánica. ¿A qué aspectos concretos se refieren?

R. Realmente la lista de casos de opacidad en la reconstrucción y en todas las obras que se han venido produciendo tras la erupción es muy larga. Y de hecho es difícil encontrar ejemplos de contrataciones o de obras que se hayan realizado con rigor y como marcan las leyes de transparencia o la de contratación pública. Los ejemplos son muchos.

En el ámbito de las carreteras, las licitaciones no se han tramitado conforme deberían. Se han adjudicado ‘a dedo’, por la vía de emergencia, que se ha mantenido prolongada durante varios años, lo cual no es común, utilizando como argucia los gases que persisten.

La cuestión de la tubería de La Fajana, por la que la isla ha sido sancionada por esa causa, o la ocultación de los beneficiarios de las ayudas por pérdida de las viviendas que Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo, ha dicho que tienen derecho a que nadie sepa su patrimonio, son otros ejemplos. Es una respuesta muy absurda, ustedes perdonen, porque eso sería de aplicación a cualquier ayuda o subvención que entregue el Estado, por cualquier vía, sea directa por el Estado o la Comunidad Autónoma, Cabildo, ayuntamientos, etc. A ese nivel estamos, de ocultación y de argumentos pobres como el del presidente Cabildo al defender la opacidad con algo tan absurdo.

Alejandro Acosta denuncia “opacidad” en el proceso de reconstrucción tras la erupción volcánica.

P. ¿Y dónde situaría la responsabilidad? ¿En el conjunto de las administraciones? ¿En las administraciones insulares o regionales, o en la Administración General del Estado? Porque, además, el Gobierno de España incluye a Izquierda Unida, aunque en la parte minoritaria que representa Sumar. ¿Dónde situaría Izquierda Unida en La Palma la responsabilidad por la falta de buena gestión en la reconstrucción?

R. Todos están participando. La mayor parte de los fondos vienen del Estado, pero no olvidemos que la entrega, el reparto final, recae en manos de la Comunidad Autónoma, Cabildo y también ayuntamientos. Entonces, hay que saber a dónde hay que señalar. De hecho, una de las vías que tenemos previsto utilizar desde Izquierda Unida es que se haga un seguimiento o, incluso, una auditoría de los fondos que han sido enviados a la isla para ver si se ha hecho todo conforme a la ley. Pero nosotros, desde el gobierno estatal, en donde participa Izquierda Unida, no repartimos en última instancia, solamente podemos supervisar y ver si se ha hecho todo correctamente.

P. Su formación política ha sido la única que, en la isla, ha mostrado una posición diferente a la del resto de partidos respecto a la bonificación del 60% en el IRPF. Han afirmado que la medida tiene “efectos demoledores sobre la justicia fiscal y la cohesión social”. ¿Por qué consideran que no está beneficiando al conjunto de la ciudadanía de la isla, pese a que casi todas las administraciones —incluido el Gobierno de España, en el que también está Izquierda Unida— insisten en lo contrario?

Somos la única formación que ha puesto de manifiesto el problema tan grande que va a acarrear y ya está acarreando la bonificación del 60%. A priori parece una buena medida, que han vendido como una solución a nuestros problemas económicos, a la falta de fondos que pueda haber en la isla, pero cuando uno analiza un poco en profundidad, la mayor parte de todos esos fondos que se están destinando desde el Estado, por vía IRPF, se están quedando muy, muy, muy pocos bolsillos.

Entonces, ¿eso qué resuelve? No resuelve nada a la mayoría de la población e incluso genera mayores problemas, porque aumentan los precios al haber un pequeño sector que está dispuesto a pagar más o que puede pagar más, que aumenta su poder adquisitivo, mientras otra parte muy importante de la isla no puede responder a ese incremento de precios.

Esto por poner solo un ejemplo, pero obviamente si estuvieran mejor repartidos los fondos, toda la actividad económica de la isla se vería verdaderamente favorecida, para que llegara desde el panadero hasta el zapatero, a todo tipo de empresarios de la isla. Como solamente está quedando en manos de unos poquitos, pues a lo mejor, permítanme ser así de simple, pero es que ellos están siendo simples también, solo está llegando el dinero a las joyerías, a las agencias de viajes para que se vayan de aquí a gastarse ese dinero unas personas que ya tienen muchos fondos y están siendo aún más privilegiadas o favorecidas por la bonificación del 60%.

Desde IU alertan de que la bonificación del 60% en el IRPF está generando “efectos demoledores sobre la justicia fiscal y la cohesión social”.

Izquierda Unida está a favor de que se envíen fondos a nuestra isla para la reconstrucción. No nos hemos opuesto de ninguna manera. Pero nos parece que se ha llevado a cabo un chantaje, según el cual, para poder recibir estos fondos vía IRPF, que concretamente en el año 2023 fueron más de 44 millones de euros, el chantaje consiste en que, o los toman de esta forma, que genera mayor desigualdad en nuestra isla, aportando mayor parte de esos fondos a los que tienen más ya en la isla, y eso es lo que no podemos comprender ni aprobar desde nuestra formación.

Hoy en día, en el siglo XXI, disponemos de medios informáticos de la Agencia Tributaria para hacer unos repartos más equitativos, más justos, no simplemente favorecer a quien más actividad económica ya viene teniendo y que significa que le va económicamente bien.

¿Que se les pueda inyectar dinero a la economía? Obviamente, no hay ningún problema, pero que la diferencia sea tan abismal…Queremos recordar que, a las personas con mayor riqueza en nuestra isla les está devolviendo esta bonificación del 60% más de 200.000 euros anuales, mientras personas que no cobran ni 1.000 euros al mes, no reciben sino 15 euros o unas cantidades ridículas que no le cambian en nada la vida.

Y como ya hemos ido pronunciándonos, esto genera también un incremento de los precios sobre todo en cuestiones muy importantes como la vivienda, que evidentemente a quien le incrementan 15 euros por año por esta vía no puede acceder a la vivienda de una manera más cómoda, pero quien recibe 200.000 euros extra por la vía del IRPF de la bonificación del 60%, puede seguir acaparando viviendas.

Estamos ayudando a que problemas tan graves como el de la vivienda y que tanto nos preocupa, se sigan agravando, se siga ampliando. Y entonces por eso tenemos que dar la voz y ayudar a la gente a que vea los efectos reales de esta medida.

A las personas con mayor riqueza en nuestra isla les está devolviendo esta bonificación del 60% más de 200.000 euros anuales, mientras personas que no cobran ni 1.000 euros al mes, no reciben sino 15 euros.

P. Realizaron esta crítica utilizando datos de la propia Agencia Tributaria y una de las conclusiones a las que ustedes llegaban de la explotación de esas cifras es que casi 4 millones de euros se repartieron entre 157 contribuyentes y los 5 mayores ingresos recibieron en conjunto más de un millón de euros en devoluciones. ¿Ustedes creen que estas son cifras que el conjunto mayoritario de los palmeros maneja?

R. Evidentemente no. Cuando hicimos esta publicación creímos que tendría una gran repercusión; también hay que decir que algunos medios no han permitido que eso llegue a sus lectores o a su audiencia. Creemos que es una información importante, que deben manejar, que deben conocer, porque son nuestros impuestos y se están utilizando de esta forma que genera mayor desigualdad y problemas de toda clase, como el de la vivienda, sin ir más lejos. Una vivienda que se ponga de mercado, ¿quién se la va a llevar? Pues alguna de estas 157 personas, porque han tenido una inyección de capital a través de nuestros impuestos, que nos perjudican en conjunto.

P. ¿Plantearían la eliminación de la bonificación o un replanteamiento de cómo está actualmente formulada?

R. Cuando dimos a conocer esta situación, fuimos muy claros y tajantes. IU no quiere imponer la forma en que se reparta ningún fondo, pero sí abrir un debate en el que podamos participar toda la ciudadanía para que sea racional y en conjunto.

Estas decisiones, no pueden presentarse que vienen como caídas del cielo y que son inamovibles. No, estamos en siglo XXI. Se pueden plantear soluciones para que la inyección de dinero para que se recupere nuestro tejido económico y empresarial se haga de una forma mucho más equitativa y que llegue a todas partes.

Hemos querido abrir el debate para que no nos lleguen impuestas estas medidas que son, como hemos explicado, negativas. Una mayor desigualdad nunca va a ser buena para nuestra población.

La formación de izquierdas defiende abrir un debate sobre la bonificación del 60% en el IRPF.

P. En 2027 habrá elecciones locales, insulares y autonómicas. ¿Creen que es posible articular una candidatura de izquierdas en la que Izquierda Unida esté presente y que tenga opciones de obtener representación en las instituciones de la isla durante el próximo mandato?

R. Se han iniciado las conversaciones a todos los niveles. Concretamente en la Comunidad Autónoma ya han tenido lugar las primeras reuniones entre Izquierda Unida y la mayoría de formaciones de izquierda.

En La Palma también hemos empezado los contactos y solamente puedo adelantar, porque está todo muy verde aún, que la predisposición es total y absoluta, desde IU y desde el resto de formaciones, para entendernos y para crear un espacio en el que todas nos sintamos cómodas y podamos trabajar juntas. Porque no se trata de presentarnos juntos a las elecciones, se trata de trabajar juntos previo y posterior a las elecciones.

Estamos viendo que hay un auge de la derecha, probablemente incrementado por los medios de comunicación, sobrevalorado, diría yo, por las redes sociales, donde tienen gran control y hacen mucho ruido estos grupos de ultraderecha, y hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos con hechos, con propuestas, porque creo que nadie en su sano juicio discutirá que la democracia nos ha traído mayor bienestar a todos. Pues tenemos que protegerla desde la izquierda, obviamente.

No hay ningún veto, queremos trabajar juntos porque es imperativo hacerlo. Fuera vetos, fuera rencillas o malos recuerdos. Hemos pasado por tiempos difíciles todas las formaciones en los últimos tiempos, pero eso hay que olvidarlo y mirarse al futuro, que podría ser muy bueno para todos o dejarlo en manos de quienes solo piensan en traer de vuelta al fascismo.

IU defiende articular una candidatura conjunta de izquierdas para las elecciones de 2027.