Onán Cruz Díaz, director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Social.

La planificación territorial de Canarias afrontará en 2026 uno de sus procesos de renovación más profundos de la última década. La Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Social, bajo la dirección de Onán Cruz Díaz, trabaja en una actualización de normativa que busca modernizar la gestión del suelo, reforzar la seguridad jurídica y responder tanto a los retos climáticos y demográficos como a las necesidades de transformación que vive La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite.

Uno de principales hitos será el inicio del trámite parlamentario para la actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, vinculada a la protección del medio natural y la consolidación de instrumentos operativos dirigidos a mejorar la capacidad técnica de entidades locales y áreas turísticas estratégicas.

Ya se han puesto en marcha varias medidas en una fase inicial que busca agilizar la aplicación de la normativa: desde una definición más clara de los usos y obras hasta ajustes en el régimen de consolidación, además de la ampliación de los plazos de caducidad de las evaluaciones ambientales.

Otro de los pilares del 2026 será el impulso definitivo a la Ley de Digitalización de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, cuyo texto volverá a exposición pública tras resolverse más de 300 alegaciones. Esta norma pretende modernizar la cartografía oficial mediante tecnologías geoespaciales, sistemas de información geográfica y datos LIDAR, garantizando delimitaciones precisas que minimicen litigios y aumenten la transparencia institucional.

Se trata de una ley clave que coloca a Canarias en línea con los estándares europeos en gobernanza ambiental, reforzando la accesibilidad y coherencia territorial del Sistema de Espacios Naturales Protegidos.
En La Palma, el 2026 será el año en que se terminen las tareas de cambios geográficos que se llevaron a cabo por la erupción del volcán Tajogaite en 2021. La Dirección General prepara una serie de medidas destinadas a reconocer y proteger el nuevo paisaje:

• Ampliación del Espacio Natural Protegido de Cumbre Vieja, incorporando el nuevo cono volcánico.
• Creación de dos nuevos espacios protegidos asociados a los deltas lávicos, incorporando la geodiversidad y la protección de hábitats emergentes.
• Reconfiguración del Monumento Natural de Volcanes de Aridane, adaptándolo a los cambios del terreno.

Estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno de Canarias con una recuperación que no solo es social y económica, sino también territorial y ambiental, asegurando una protección coherente con la nueva distribución de la isla.

Junta de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.

PLANES GENERALES SUPLETORIOS Y COHESIÓN URBANÍSTICA

En paralelo a estas novedades, se continuará con la culminación de los Planes Generales Supletorios (PGS) aún en tramitación. El objetivo es garantizar que todos los municipios dispongan de un planeamiento actualizado, reduciendo normativas entre islas y municipios y facilitando la implantación de proyectos públicos y privados mediante un marco urbanístico actualizado y seguro.

También se impulsarán los Planes de Modernización y Mejora Turística (PMM), herramientas clave para renovar destinos maduros y reforzar la competitividad del sector. Se prevé que varios PMM reciban su aprobación definitiva en el próximo año. Entre sus metas figuran la renovación edificatoria, la mejora de la accesibilidad, la integración de criterios de sostenibilidad ambiental y el impulso de inversiones privadas con un marco normativo estable.

La Dirección General seguirá reforzando las políticas del Reto Demográfico, enfocándose en municipios de menos de 10.000 habitantes. La Oficina Virtual de Apoyo a Municipios del Reto Demográfico (OVRD) ampliará sus funciones para ofrecer asistencia técnica, jurídica y territorial a entidades con menos capacidad administrativa, además del impulso de nuevas soluciones tecnológicas para facilitar la gestión urbanística y la participación ciudadana.

Uno de los programas más relevantes que se mantiene es la línea anual de 2,3 millones de euros destinada a subvenciones para la redacción y actualización de instrumentos de planeamiento urbanístico. A esta inversión se suma una partida adicional de más de 500.000 euros en 2025, consolidando esta herramienta como un apoyo esencial para mejorar la capacidad técnica de los ayuntamientos y avanzar hacia una planificación sostenible y coherente en todas las islas.

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