Vista del Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma. FRANK VINCENTZ (WIKIMEDIA COMMONS)

La Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, que el próximo viernes, 30 de octubre, será presentada en la comisión de Justicia del Parlamento de Canarias, recoge “un año más” la denuncia de este órgano sobre las condiciones de vida “muy precarias” de los internos, tanto del Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma como del de Tenerife II.

Desde la Fiscalía se resalta el “estado obsoleto de las instalaciones” y también “lo limitado del espacio principalmente en sus celdas”. Una situación “descrita y denunciada ya en anteriores ocasiones en diversas instancias y a través de diferentes medios”, pero que, como destacan, “se perpetúa en el tiempo”.

Para el Ministerio Fiscal, estas condiciones suponen un “perjuicio de los derechos” de los internos, pero también de los funcionarios que trabajan en dicha cárcel.

El año pasado, la Memoria anual de este órgano judicial instaba a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno de España a llevar a cabo “una auténtica reforma de estos dos centros penitenciarios o la creación de otros nuevos”, algo que no se ha producido.

FISCALÍA PIDIÓ EN 2020 EL CIERRE DEL CENTRO PENITENCIARIO

En 2020, la propia Fiscalía concluía que el centro penitenciario “no reúne condiciones idóneas para albergar los internos que acoge” y destacaba que “por su propia configuración arquitectónica” era “inviable” en esas instalaciones llevar a cabo una “clasificación y separación de los internos, además de verse agravada la reclusión de los mismos”.

En ese sentido, advertía de que entonces había “dormitorios colectivos” que “deberían desaparecer” al estar “prohibidos por la legislación penitenciaria” y que el módulo de mujeres debía ser solo utilizado para “detenciones y privaciones de libertad muy limitadas” debido a “sus limitaciones” de espacio.

La Fiscalía de Canarias planteaba “el cierre de la prisión” y proponía “la construcción de un nuevo centro penitenciario adaptado a las necesidades de nuestro tiempo”, algo que no ha sucedido.

Página 175 de la Memoria en la que la Fiscalía planteaba en 2020 el cierre de la prisión palmera por las deficiencias de sus instalaciones.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO HA ADVERTIDO DEL “MANTENIMIENTO DEFICIIENTE” DE LA PRISIÓN

Las denuncias sobre la situación de la cárcel situada en Santa Cruz de La Palma han llegado también de otras instancias, como es el caso del Defensor del Pueblo. En los informes anuales de 2019 y 2020 del denominado Mecanismo Nacional de Prevención Supervisión de lugares de privación de libertad en España se describían las pésimas condiciones de la prisión palmera.

Entre ellas, tras una visita, se hacía referencia al “mantenimiento deficiente” tanto de las zonas de internos como de las de funcionarios, señalándose la existencia de “humedades, sanitarios incompletos, baldosas desprendidas, almohadas y colchones raídos”.

Además, se incidía en que las “dimensiones mínimas” de los espacios comunes impedían “la realización de actividades deportivas o de otra índole”. Una situación que se agravaba en el módulo de mujeres, donde los espacios “son todavía más reducidos”.