Vehículos del Consorcio de Servicios de La Palma. CONSORCIO DE SERVICIOS

La Ley de Residuos, aprobada en 2022 para cumplir con la transposición de una directiva europea, estableció para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes un plazo de tres años para su adaptación, que finalizó el pasado mes de abril. El objetivo de la tasa es sufragar la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, de acuerdo con el principio de “quien contamina paga”.

De los seis municipios de la isla que deben adaptar sus tasas municipales, solo Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo las han aprobado —y entrarán en vigor a partir del mes de enero—, mientras que Los Llanos de Aridane, El Paso, Breña Baja y Breña Alta siguen sin adaptar sus ordenanzas a la nueva legislación.

La capital de la isla aprobó la modificación de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos el pasado 11 de abril, con los votos a favor de PP y CC y la abstención de PSOE y Nueva Canarias.

“UNAS 4.300 VIVIENDAS PAGARÁN MENOS QUE EN AÑOS ANTERIORES”, SEGÚN TÉCNICOS MUNICIPALES

El técnico municipal, Marcelo Martín, señaló en la sesión plenaria que “el temor a la implantación de esta tasa, en algunos municipios, está en que lo que se va a pagar va a ser bastante importante”, algo que, según dijo, “en el caso de Santa Cruz de La Palma no va a ser”.

“Estamos hablando de que son unas 6.000 y pico viviendas y, aplicando este criterio del valor catastral, nos vamos a encontrar con que unas 4.300 viviendas van a pagar menos que en años anteriores, por semestre”, añadió, por lo que, a su juicio, “cumpliendo con el objetivo de que no sea deficitaria, va a conseguir también que ese temor inicial desaparezca”.

El alcalde, Asier Antona (PP), valoró que la tasa “aplica la diferenciación entre las actividades económicas”, ya que, como indicó, “no es lo mismo la generación de residuos que puede generar un restaurante que una tienda de ropa o una zapatería”, lo que supondrá que haya “actividades económicas que incluso paguen menos con esta aplicación y otras que pueden, evidentemente, pagar más”.

Antona defendió que la tasa “repercuta en un mejor servicio a los vecinos y vecinas de esta ciudad y que, evidentemente, quien más contamina más pague”.

Maeve Sanjuán, concejala de Nueva Canarias, lamentó que, a pesar de un margen de tres años para adaptar la ley, no se haya “intentado unificar” en La Palma una serie de “criterios de antemano” para todos los municipios, e indicó que, a través del Consorcio, “se podría haber trabajado”, porque, como señaló, “tiene estudios de todo tipo” sobre lo que “cuesta” o lo que “se genera” en materia de residuos en la isla.

“LA TASA VA A SUBIR EL DOBLE DE LO QUE SE PAGA ACTUALMENTE”, ADVIERTEN EN MAZO

La concejala del PSOE, Ylli Lemes, denunció que “no se trabaja realmente en aminorar la generación de residuos” y demandó que “participemos entre todos y hagamos una ordenanza más adecuada a la ciudad”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villa de Mazo estableció una nueva ordenanza el pasado 9 de septiembre, con los votos a favor de CC, PP y MAE, la abstención del PSOE y el voto en contra de Mazo Activa Agrupación Electoral, José Francisco Luis, quien advirtió de que en 2026 “la cuota que actualmente están pagando se le va a subir el doble”. El alcalde de la localidad, Idafe Hernández (CC), respondió que tenían que “empezar a aplicar el tratamiento de estos residuos”, por lo que “tenemos que modificar la ordenanza para cumplir con la legalidad”.

En Los Llanos de Aridane, el municipio más poblado de la isla, “se está a la espera del estudio que está realizando el Consorcio Insular de Servicios para definir el modelo de implantación de la tasa en toda la isla”, según trasladan a este periódico desde el consistorio, que admite que se trata de “una medida compleja” y que, en su opinión, “debe buscar el equilibrio entre el cumplimiento de la normativa y la protección de las economías familiares”.