Edificio adquirido por el Cabildo de La Palma para viviendas sociales en Los Llanos de Aridane. EL PERIÓDICO DE LA PALMA

“Estamos en una dinámica que consiste en ganar dinero a costa de la vivienda, y la vivienda es un derecho, es algo con lo que no se debe comerciar”. Con esta afirmación a modo de sentencia, expresada en el espacio de actualidad La Palma Opina, Tamara Peña, representante de los colectivos y de la ciudadanía que reivindican en la isla el derecho al acceso a una vivienda digna, ha querido dejar claro que la gravedad de la actual situación habitacional en la isla de La Palma, sujeta a un carácter fuertemente especulativo, se ve empeorada por la escasa acción política, señalando que “las instituciones son las que tienen que garantizar el acceso a la vivienda”.

En este sentido, cabe recordar que el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 22 de julio la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y para el impulso de la construcción de nuevas viviendas, con la que, según el ejecutivo regional, se construirán más viviendas, incrementándose la oferta de vivienda asequible que dará la respuesta que demanda la sociedad canaria ante la emergencia habitacional, a lo que Tamara Peña responde que, aun reconociendo que se está impulsando la promoción de vivienda pública desde la Administración regional, “son medidas insuficientes para responder a una emergencia. Personas que hoy no encuentran alquiler o destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda, no pueden esperar cuatro años para tener disponibles esas viviendas de protección social”, y recalca que “cada vez más y más personas son expulsadas de un mercado inmobiliario con precios disparados”.

En relación con la carestía de los precios del alquiler, que no solo dificultan el acceso a una vivienda, sino que lastran la economía reduciendo las rentas de las familias, Peña aporta un dato concluyente: “El 77% del salario de los vecinos de Los Llanos de Aridane se destina al alquiler”, según los datos que arroja el trabajo de investigación de Sergio Díaz Rodríguez para la Universidad de La Laguna: La crisis habitacional en la isla de La Palma ¿escasez o especulación? Lamenta esta representante vecinal no haber escuchado al presidente del Cabildo y a los alcaldes de los ayuntamientos hablar de esta circunstancia. “No he visto a ningún partido político decir que si entras en la web de Idealista encontrarás un piso de una habitación por 800, 900 e incluso 1000 euros en algunos municipios de La Palma, y no hay mucho más”.

La portavoz del movimiento vecinal por una vivienda digna considera de vital importancia, a la hora de hacer frente a este grave problema estructural, “frenar la pérdida de la vivienda para residir” y opina que “no puede ser que el 20% de las viviendas de Las Breñas sean viviendas vacacionales y hay muchísimos Airbnb ilegales”. A estos argumentos críticos la entrevistada añade que las viviendas que no son para explotación de carácter vacacional “vienen personas extranjeras con mayor poder adquisitivo y las compran a tocateja o por un precio elevado, al que los palmeros no pueden acceder”.

El pasado 26 de junio una manifestación en Los Llanos de Aridane exigió “medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda digna y frenar la escalada de los precios del alquiler”.

EXIGEN SOLUCIONES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

Tamara Peña insta al Gobierno de Canarias a que apruebe la declaración de mercados inmobiliarios tensionados en diferentes municipios de La Palma, bajo el marco normativo de la Ley de la Vivienda. “Hay partidos políticos que han propuesto la declaración de zonas tensionadas, pero unos ayuntamientos no lo han aceptado, y luego, hay otros ayuntamientos que sí han reconocido esas zonas tensionadas”.

Para esta activista, algunas de las medidas de choque exigibles a las Administraciones públicas, según sus competencias, son, por un lado “poner topes a los precios del alquiler, y si se eleva el precio de la vivienda y yo ya vivo en esa vivienda, pedir un año de prórroga”, y por otro, que se movilicé la vivienda vacía y se actúe sobre las 12.000 existentes en la isla”,  las cuales representan un 25,8% del parque residencial de la isla, según datos extraídos de la publicación de David Ramos Pérez, La vivienda en La Palma tras la erupción volcánica de 2021. Peña también insiste en la necesidad de “acelerar la construcción de vivienda pública”, porque bajo su punto de vista, su creación es “insuficiente y no va a cambiar la dificultad de acceso a la vivienda”.

EL TURISMO

“Frenar el turismo si no se garantiza el acceso a la vivienda a personas residentes en La Palma”, concluye de forma tajante la portavoz vecinal. “Se están enfocando tanto en que venga el turismo que no se están dando cuenta de las repercusiones que esto tiene sobre la población que quiere acceder a una vivienda”. Mantener el equilibrio entre la pervivencia del principal motor económico de las islas y garantizar el derecho de los residentes a poder acceder a una vivienda digna a precios razonables se complica porque, en opinión de Tamara Peña, por culpa de la Ley de las Islas Verdes, “en zonas rurales se pueden edificar viviendas para el turismo, pero no se pueden construir viviendas para vivir”.

Continúa con su alocución crítica alegando que “se centran más en el que viene que en el que está, porque además no invitan a que vengan personas extranjeras que vienen a trabajar, como venezolanos o cubanos. Tenemos a mucha gente; sudamericanas, compañeras, trabajadoras que también están sacando la isla adelante”, y culmina su exposición con la siguiente reflexión: «La vivienda no es un derecho para estas personas, sino para las personas que vienen del norte de Europa. Entonces, viviendas sí, ¿pero para quién?”.