Los numerosos episodios de calima registrados a lo largo del año pasado en Canarias, a los que La Palma no fue ajena, provocaron que en varias estaciones de medición de la calidad del aire en la isla se superaran los límites legales vigentes sobre el número de días en que se excedieron los 50 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas PM10.
En el caso de la tubería sobre una de las fajanas creadas por el volcán, para Ecologistas en Acción “paralelamente a los procedimientos administrativo y sancionador en curso, cabría
promover un expediente de responsabilidad patrimonial contra los políticos y técnicos responsables de los actos perpetrados por la vía de hecho para que respondan por las sanciones y los daños ambientales, sin perjuicio de la posibilidad de exigir responsabilidades
penales por prevaricación, desobediencia o malversación que hubiera lugar.”