Octavio Manuel Fernández Hernández, secretario del Ayuntamiento de Candelaria (Tenerife), afectado por el volcán de Tajogaite y uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que desembocó en la aprobación de la Ley de Volcanes de Canarias, considera que la normativa del Gobierno de Canarias para la protección del cono del Tajogaite, su entorno y los deltas lávicos “vulnera”, entre otras cuestiones, el derecho “a la participación ciudadana” o la “propiedad”.
