Vista de uno de los mapas que amplían y declaran como espacios naturales protegidos tres sectores del área afectada por la erupción.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda (CC), informó esta mañana en comisión parlamentaria que, durante el periodo de exposición pública del anteproyecto de ley para la ampliación del ámbito territorial del Parque Natural de Cumbre Vieja, se realizaron 51 alegaciones “que se van a responder con carácter individual”.

Miranda respondía a la diputada Alicia Vanoostende (PSOE), quien se había interesado por la situación del expediente y los plazos previstos para la aprobación de esta normativa, ya que desde la Consejería de Política Territorial se había anunciado públicamente que la aprobación sería “a finales de este año”, lo que, para la representante palmera, supone “un plazo muy optimista”.

Además, Vanoostende expuso las dudas planteadas en una reunión con afectados en El Paso, en la que se trasladó a los representantes del Ejecutivo regional la paradoja de que “se pudiese construir la LP2 a la par que se protegía esta zona”. Asimismo se interesó por posibles indemnizaciones a los afectados.

“Han pasado cinco años de la erupción y el tiempo pasa volando, pero para los vecinos y las vecinas que tenían fincas o que tenían viviendas en la zona, el tiempo está detenido”, señaló Alicia Vanoostende, ya que como explicó “a día de hoy no tienen certeza de nada. Solo que van a estar protegidos, pero no van a saber qué van a poder hacer en sus parcelas”.

En su respuesta, el consejero de Política Territorial señaló la “doble responsabilidad” que, a su juicio, tiene el Gobierno de Canarias, ya que “tenemos una realidad física nueva, novedosa y hay que proteger ese espacio que tiene valores geomorfológicos, científicos y paisajísticos”, pero también existe “una responsabilidad social” con “los ciudadanos afectados que se han visto con una erupción sobrevenida”.

Manuel Miranda reconoció que “es un trabajo que no está siendo fácil”, ya que, como explicó, “estamos intentando encontrar un equilibrio entre la protección ambiental, la seguridad jurídica, la recuperación económica y territorial, la conectividad y las actividades agrícolas”. En este sentido, insistió en que “estamos actuando con rigor técnico, apoyándonos en criterios científicos, jurídicos y territoriales”.

Respecto a los plazos de aprobación definitiva de la norma, el consejero reafirmó su intención de “ser capaces de llegar antes del final de año” y destacó la “coordinación” mantenida con las administraciones locales y el Cabildo de La Palma, ya que, como apuntó, “ellos también tienen mucho que decir sobre el territorio”.

Finalmente, Miranda manifestó que había “informes” que permitían “hacer la LP2, independientemente de la tramitación que se esté llevando por el espacio natural”, aunque declaró que “ahora me surgen dudas”. Respecto a las posibles compensaciones, apuntó que “no lo estamos llevando directamente nosotros, pero entiendo que se esté trabajando en ello”.

Miranda respondía a la diputada Alicia Vanoostende (PSOE), quien se había interesado por la situación del expediente y los plazos previstos para la aprobación de esta normativa, ya que desde la Consejería de Política Territorial se había anunciado públicamente que la aprobación sería “a finales de este año”, lo que, para la representante palmera, supone “un plazo muy optimista”.

Además, Vanoostende expuso las dudas planteadas en una reunión con afectados en El Paso, en la que se trasladó a los representantes del Ejecutivo regional la paradoja de que “se pudiese construir la LP2 a la par que se protegía esta zona”. Asimismo se interesó por posibles indemnizaciones a los afectados.

“Han pasado cinco años de la erupción y el tiempo pasa volando, pero para los vecinos y las vecinas que tenían fincas o que tenían viviendas en la zona, el tiempo está detenido”, señaló Alicia Vanoostende, ya que como explicó “a día de hoy no tienen certeza de nada. Solo que van a estar protegidos, pero no van a saber qué van a poder hacer en sus parcelas”.

En su respuesta, el consejero de Política Territorial señaló la “doble responsabilidad” que, a su juicio, tiene el Gobierno de Canarias, ya que “tenemos una realidad física nueva, novedosa y hay que proteger ese espacio que tiene valores geomorfológicos, científicos y paisajísticos”, pero también existe “una responsabilidad social” con “los ciudadanos afectados que se han visto con una erupción sobrevenida”.

Manuel Miranda reconoció que “es un trabajo que no está siendo fácil”, ya que, como explicó, “estamos intentando encontrar un equilibrio entre la protección ambiental, la seguridad jurídica, la recuperación económica y territorial, la conectividad y las actividades agrícolas”. En este sentido, insistió en que “estamos actuando con rigor técnico, apoyándonos en criterios científicos, jurídicos y territoriales”.

Respecto a los plazos de aprobación definitiva de la norma, el consejero reafirmó su intención de “ser capaces de llegar antes del final de año” y destacó la “coordinación” mantenida con las administraciones locales y el Cabildo de La Palma, ya que, como apuntó, “ellos también tienen mucho que decir sobre el territorio”.

Finalmente, Miranda manifestó que había “informes” que permitían “hacer la LP2, independientemente de la tramitación que se esté llevando por el espacio natural”, aunque declaró que “ahora me surgen dudas”. Respecto a las posibles compensaciones, apuntó que “no lo estamos llevando directamente nosotros, pero entiendo que se esté trabajando en ello”.