La Asociación Tierra Bonita, a través de un comunicado de prensa, denuncia “su preocupación por los indicios de posible comercialización de material de las coladas de la erupción de 2021 en el Valle de Aridane sin consentimiento de sus propietarios.”

Esta ONG radicada en El Paso, indica que “tiene conocimiento de que algunos afectados ya han contactado con abogados para formalizar la correspondiente denuncia, al haber detectado extracciones de roca y tierra productiva de la zona de exclusión de las parcelas de son de su propiedad.”

Afirman que “es público y notorio que a través del puerto de Santa Cruz de La Palma se está exportando este material procedente de la zona de exclusión por la catástrofe volcánica.”

¿SE HAN TRAMITADO AUTORIZACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS?

“La asociación va a dirigirse a las Administraciones públicas (tanto al Cabildo como al Gobierno canario y a los ayuntamientos del Valle de Aridane) para conocer qué autorizaciones han sido tramitadas y se han concedido a dichas empresas para la explotación de los áridos procedentes de las coladas y que se encuentran en propiedad privada y, al mismo tiempo, exigir que se haga una vigilancia por parte de las autoridades pertinentes y fuerzas y cuerpos de seguridad de dichas actividades, para que se ajusten a la legalidad en lo que atañe a los derechos de propiedad de los dueños de estas parcelas”, señalan.

Además “también quiere interesarse por cuál es el destino final de los escombros resultantes de las obras públicas llevadas a cabo en los terrenos privados, y en qué condiciones de autorización legal y con qué permisos se han realizado, y si éstas se han llevado a cabo sin respetarse el procedimiento jurídico básico en nuestra democracia, lo que pudiera constituir un presunto delito en la legislación vigente de no contar con dichos documentos”.

“Los propietarios no han recibido ningún tipo de notificación administrativa previa, ni los legítimos propietarios han dado su permiso ni para la ocupación ni para la extracción o la exploración científica o turística espeleológica, y, por lo tanto, se está incumpliendo de forma flagrante la legislación vigente y los derechos recogidos en el artículo 33 de la Constitución y en el Código Civil. Y todo ello siendo la Administración testigo de ello”, añaden.