Fachada del Ayuntamiento de El Paso. AYUNTAMIENTO DE EL PASO

El Ayuntamiento de El Paso habría “dejado pasar el plazo” de varios expedientes abiertos por infracciones urbanísticas en el municipio, según denunció en el pleno ordinario del mes de marzo el concejal del PSOE, Bryan Martín. El concejal socialista explicó que estos expedientes “son archivados por dejar pasar el plazo establecido sin dictar resolución”.

Martín detalló la existencia de varios decretos, “sobre la decena”, en los que “se declara la caducidad” y no se procede al “restablecimiento de la legalidad urbanística”. Esto, a su juicio, provoca que “los vecinos circundantes, a quienes afectan negativamente las obras, queden en un limbo”, ya que “no se les dice nada”, convirtiéndose en “daños colaterales” de esta forma de proceder por parte de la administración.

El concejal del PSOE preguntó “¿por qué se archivan todos los expedientes de estas características?” y ¿cuáles son los motivos?”, afirmando que “se está sentando un precedente muy peligroso”, ya que “estamos dando a entender a los vecinos de este pueblo que aquí podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, incluso, sin licencia y llegando a perjudicar a vecinos que tengamos al lado”, porque “no va a pasar absolutamente nada”.

El alcalde de la localidad, Eloy Martín (CC), indicó que “no podemos llegar a todo” y aludió a que las corporaciones locales siempre están “escasas de personal”. El edil también elogió el trabajo de la Oficina Técnica y de la Policía Local, que calificó “de sacarse el sombrero”, ya que “todo lo que está mal se da cuenta en el ayuntamiento” y reconoció que las infracciones urbanísticas “no solo pasas aquí”, aludiendo a “lo que ha pasado con el volcán”, donde “muchísima gente tenía muchas casas que no las tenía escrituradas”.

En su réplica, el concejal del PSOE, señaló que le parecía “una tendencia muy peligrosa” y que habría que “mirar con detenimiento cada expediente”. Para Bryan Martín, “cuestiones como no teníamos personal o hemos pasado por una mala época” no le van a valer a los vecinos afectados por las obras sin licencia, ya que se trata de “cuestiones que pueden afectar a la vida de una persona y a la calidad de ésta”.