El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma redujo su deuda financiera en más de 6 millones de euros entre 2015 y 2019. CEDIDA

Los 14 ayuntamientos de La Palma tenían a 31 de diciembre del año 2011 una deuda financiera pendiente de amortizar de 29.000.435 euros que, en 12 años, pasó a ser de 86.000 euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre deuda viva de las entidades locales.

En septiembre de 2011, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, se estableció que el pago de la deuda pública de las administraciones “gozará de prioridad absoluta”, algo que un año más tarde, la conocida como Ley Montoro, recogió en su articulado cuando incluyó que “el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto”.

A partir de ese momento, la política económica municipal se orientó, sin excepción, al pago de la deuda, por encima del mantenimiento de los servicios municipales, la creación de nuevas infraestructuras o la renovación de las plantillas de empleados públicos, lo que con el tiempo ha tenido su reflejo en que, al finalizar 2023, solo Puntallana mantenía en la isla una deuda financiera, en este caso de 86.000 euros.

Hace 12 años, la situación económica de las corporaciones locales en la isla era muy diferente, con ayuntamientos como Santa Cruz de La Palma con más de 9 millones y medio de euros de deuda, Los Llanos de Aridane, con casi 4 millones y medio, Tazacorte, con casi 3 millones de euros.

La mayor reducción de la deuda bancaria por parte de los ayuntamientos palmeros se produjo en el mandato 2015-2019, cuando pasaron de casi 20 millones de euros pendientes de amortizar a poco más de 1,7, destacando la disminución que se produjo en Santa Cruz de La Palma, de más de 6,6 millones de euros en cuatro años.