El Ayuntamiento de Garafía fue el que el mayor porcentaje de contratos menores adjudicó en 2022. Ayuntamiento de Garafía.

“El procedimiento más utilizado para la contratación en todas las Administraciones públicas canarias es el de contrato menor”. Esta es una de las conclusiones que recoge el informe de la Audiencia de Cuentas en su informe Programar la contratación: una mejora pendiente en todas las administraciones públicas canarias. Año 2022.

Una situación a la que no fue ajena la totalidad de los ayuntamientos palmeros, quienes adjudicaron de forma directa la mayor parte de los contratos que formalizaron en 2022. El mencionado informe indica que de un total de 1.088 contratos que adjudicaron estos consistorios en dicho año, 869, el 79,87%, fueron contratos menores, mientras que 219, el 20,13% se tramitaron por un procedimiento abierto de licitación.

Hay que señalar que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 118 que “se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”.

MÁS DEL 90% DE LOS CONTRATOS DE GARAFÍA Y BARLOVENTO, MENORES

En los 14 ayuntamientos palmeros la adjudicación directa fue la fórmula preferida para la contratación, destacando Garafía, con un 93% de adjudicaciones de este tipo (70 de un total de 75) o Barlovento, con un 91%, 58 de 64.

Los municipios que “menos” abusaron de los contratos menores fueron Santa Cruz de La Palma, con un 61,70%, 58 de 94, y Tijarafe, con 63%, 20 de 32.

La Audiencia de Cuentas de Canarias reconoce que este tipo de contratos, al igual que los denominados negociados sin publicidad, son “opciones válidas siempre que se cumplan los requisitos legales”, pero advierte que “no pueden ocasionar la lesión de los principios rectores de la contratación”.

Es por ello, por lo que recomienda “una programación contractual que explicite al menos, al principio del ejercicio presupuestario en un período mayor, la intención de contratar determinados obras, bienes o servicios”.

Para el órgano encargado de la fiscalización de la gestión económico del sector público canario “programar una contratación dificulta claramente la práctica de fraccionamientos fraudulentos de objetos contractuales y la realización de contrataciones irregulares”.