Distintos miembros del PEINPAL en la última reunión celebrada por este órgano. CABILDO DE LA PALMA

El Proyecto Alerta CO2 que desarrollan en Puerto Naos y La Bombilla el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) para la monitorización de este gas en el aire de viviendas y locales, tras analizar una muestra de las viviendas autorizadas por el Cabildo de La Palma para su uso, ha informado en las últimas reuniones del comité de expertos del PEINPAL como en parte de las mismas “la media supera los 700 ppm”, tal y como se recoge en los informes publicados en la web de la primera institución insular sobre riesgo volcánico.

El Cabildo Insular estableció que para permitir el acceso de forma permanente a viviendas, locales y garajes de estos dos núcleos costeros afectados por emanaciones de CO2 procedentes del subsuelo tras el volcán de 2021, el registro histórico de las mediciones de estos inmuebles tendría que ser inferior a 700 ppm.

El mencionado proyecto, que cuenta con más de 1.000 estaciones de seguimiento y medida de la concentración de CO2 en el aire ambiente, ha comenzado a presentar en cada sesión de este grupo de expertos los resultados de tomar muestras de las mediciones realizadas en parte de las “viviendas habilitadas”.

En el informe del 20 de junio se exponía como 388 de un total de 557 viviendas “mostraban valores máximos por encima de los 700 ppm y la media supera los 700 ppm en 41 de esos últimos casos”. Además, señalaban como en “dos de ellas han alcanzado valores máximos puntuales superiores a 11.000 ppm” y añadían como “algunas viviendas habilitadas o locales durante el muestreo de esta última semana se encuentran por encima de los 3000 ppm”.

Una situación que se ha repetido en semanas posteriores, ya que el informe del 11 de julio y sobre una muestra de las más de 675 viviendas habilitadas, “461 de ellas mostraban valores máximos por encima de los 700 ppm y la media supera los 700 ppm en 89 de esos últimos casos”. Asimismo, se informaba como en “seis de ellas han alcanzado valores máximos puntuales superiores a 700 ppm” y se volvía a hacer referencia a que en “algunas viviendas habilitadas o locales durante el muestreo de esta última semana se encuentran por encima de los 3000 ppm”.

En el último informe publicado, el del 25 de julio, una muestra de las viviendas autorizadas daba como resultado que en 497 de ellas se dieran “valores máximos por encima de los 700 ppm y la media supera los 700 ppm en 85 de esos últimos casos”. El documento volvía a mostrar como en “tres de ellas han alcanzado valores máximos puntuales superiores a 12.000 ppm” y como algunas viviendas habilitadas o locales “se encuentran por encima de los 3000 ppm”.

Dentro de las observaciones recogidas en este informe se expone que “no existe evidencia científica sobre el impacto en la salud de la población por la exposición crónica con valores superiores a 420 ppm de dióxido de carbono”, afirmación que acompaña, entre paréntesis, del sustantivo “incertidumbre” y se plantea conocer si son las mismas viviendas las que presentan cada semana “valores críticos”, que este grupo de expertos sitúa en 10.000 ppm de CO2.