La Ley de Costas, aprobada en 1988, estableció en su artículo 5 que eran “de dominio público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial”. Esto supone que automáticamente los nuevos terrenos ganados al mar por la erupción volcánica pasan al dominio público, a diferencia de lo sucedido tras el volcán de San Juan, en 1949.
