En el mes de enero de 2018, representantes del Cabildo Insular, los ayuntamientos y de la entonces Consejería de Política Territorial se reunieron “para abordar la activación de mecanismos administrativos que permitan la legalización de los vertidos al mar que actualmente se producen en la isla (11 en total).”

Una situación que cinco años después está lejos de mejorar. El censo de vertidos desde tierra a mar en Canarias, elaborado por Tragsatec y publicado en marzo de 2022, recoge que en la isla hay 17 puntos censados de vertidos, de los que 14, el 82%, no están autorizados y solo 3 se encuentran autorizados. A falta de nuevos datos oficiales, solo hay vertidos autorizados desde tierra al mar en las costas de Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte.

El censo identificó como en La Palma “el tipo de vertido más común es el de agua residual urbana”, representando el 76% de los vertidos censados. Por su parte, el 12% corresponden a agua residual industrial.

¿Cómo llegan estos vertidos al mar?

En la mayoría de los casos, en 12 de los puntos censados, lo hace a través de una canalización para el desagüe “que transporta las aguas residuales desde la estación de tratamiento hasta el mar, vertiendo en superficie o mediante descarga submarina.”

San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte cuentan puntos de vertidos que tienen emisario submarino, una “conducción cerrada que transporta las aguas residuales desde la estación de tratamiento hasta una zona de inyección en el mar”. En este caso, la zona de vertido se sitúa en el mar a una cierta distancia y profundidad de la costa.

Finalmente, dos puntos de vertido, en Breña Baja y Santa Cruz de La Palma, lo hacen desde el propio Dominio Público Marítimo Terrestre sin ningún tipo “de conducción de vertido desde tierra al mar”.

A comienzos de mes, el Diputado del Común, Rafael Yanes, tras recibir la denuncia de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales de que “cada día se vierten al mar 100 millones litros de aguas residuales en Canarias”, se comprometió, como se recoge en una nota de prensa, en dirigirse al Gobierno de Canarias para preguntar sobre la veracidad de los datos y conocer los planes que se tienen previstos en el futuro para corregir esta situación.