Ecologistas en Acción ha presentado su informe Banderas Negras 2023 en el que cada año “saca a la luz los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de las costas.”

En el caso de La Palma, la organización ecologista otorga una bandera “por mala gestión” a la costa del Valle de Aridane, como consecuencia de dos obras realizadas tras la erupción volcánica del año 2021.

Se trata de dos polémicas actuaciones tramitadas por el procedimiento de emergencia, una sin terminar, como es el caso del embarcadero en La Bombilla, y otra finalizada, la tubería que transportará agua a través de una de las nuevas fajanas ganadas al mar con el volcán, pero que se encuentra a la espera de la resolución de un expediente sancionador de Costas.

UN EMBARCADERO ADJUDICADO POR 1,5 MILLONES DE EUROS

El embarcadero de La Bombilla fue adjudicado en enero de 2022, una vez había finalizado el volcán, por un importe de 1,5 millones de euros. El Gobierno de Canarias autorizó la exclusión del trámite de evaluación ambiental.

Una vez abierta en junio de 2022 la vía provisional entre La Laguna y Las Norias que rompía el aislamiento entre zonas del Valle de Aridane como consecuencia de las coladas, el proyecto de embarcadero, situado en una zona excluida por gases, dejaba de tener justificación.

Por otra parte, y como se recoge en el informe, “como habían advertido los pescadores de la zona, la Punta del Negro no es lugar para hacer un embarcadero. Varias veces el oleaje se ha llevado bloques de gran tamaño que ya estaban colocados y no hay ninguna solución para evitar que el mar lo haga de nuevo.”

COSTAS PODRÍA SANCIONAR AL CABILDO CON 1,7 MILLONES POR LA TUBERÍA

En el caso de la tubería instalada por el Consejo Insular de Aguas en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ganados al mar por las coladas del volcán, Ecologistas en Acción recuerda como “las obras comienzan por la vía de hecho, sin concesión de la Demarcación de Costas, sin tramite ambiental y sin ni siquiera exclusión de evaluación ambiental.”

La Centinela-Ecologistas en Acción La Palma denunció estos hechos en junio de 2022 al Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, quien ha abierto un expediente que puede finalizar en una sanción para las arcas insulares de 1,7 millones de euros.