Ver nacer un medio de comunicación y ser testigo del noble empeño de sus promotores por abrir, pese a las indudables dificultades y riesgos que ello conlleva, una nueva oportunidad para el debate y el contraste de pareceres, merece reconocimiento, apoyo y aplauso. Vaya el mío por delante y el deseo de suerte y éxito en el empeño. Además, creo que en La Palma es especialmente necesaria una iniciativa de esta índole que dé voz a sensibilidades progresistas que no vienen encontrando acomodo en otros medios. Bienvenida sea, por tanto, esta nueva Tribuna.

Entrando ya en la materia que da título a esta columna , y desde la nostalgia por lo que pudo ser y no es, les propongo una reflexión sobre la andadura autonómica de Canarias a partir de la siguiente idea: Así no es posible construir Canarias. El eslogan con el que nos vienen “adoctrinando” desde las instituciones autonómicas y los partidos políticos (no sin ciertas excepciones) de que somos “un solo pueblo” ha resultado ser un fiasco. La necesidad de conjugar la diversidad insular con la unidad política y social de toda la población canaria, no se plasma en las acciones y las políticas que se vienen implementando.

Nunca, hasta 1982, tuvo Canarias la oportunidad de constituirse como comunidad política y decidir, de manera autónoma, sobre la gobernanza de sus principales retos como pueblo. Hasta entonces debimos conformarnos con ser una mera suma de entes institucionales (2 provincias, 7 cabildos y 88 municipios) dependientes de un poder central que, durante una buena parte del siglo XX, revistió la forma de dictadura. La Constitución de 1978, recuperó para el país la Democracia, y con ella, la oportunidad de autogobierno para las regiones y nacionalidades de España. Y Canarias, lejos de aprovecharla para construir las bases de una comunidad política, económica, administrativa y cultural ÚNICA, lamentablemente la ha malgastado. Impera hoy, de nuevo en nuestras islas, el insularismo oportunista e insolidario que, con el desarrollo del autogobierno constitucional, tendríamos que haber superado.

En los albores de nuestra Autonomía asistimos al indisimulado enfrentamiento entre los integrantes de la UCD, opción de las derechas que había ganado por amplísima mayoría las primeras elecciones en Canarias. De la desconfianza (ideológica e interinsular) existente entre sus integrantes surgen los Pactos de Medinaceli y Las Cañadas y en base a ellos una Autonomía bicéfala y el engendro de la triple paridad que ha convertido a nuestro sistema electoral (incluso después de su “reforma” estéril ratificada por el Parlamento a finales de 2022) en una auténtica anomalía democrática que configura un Parlamento de Canarias con un déficit de representación de la voluntad popular escandaloso que ha impedido, junto a otros factores imputables a la actuación de los diferentes partidos políticos en estos 40 años, la consolidación de un poder político y de unos partidos auténticamente regionales.

En los años 80 hubo un generoso intento de construir instituciones autonómicas fuertes, con capacidad de planificación y actuación en el conjunto del territorio, a la vez que ser un instrumento eficaz para atender las necesidades y problemas del conjunto de la población canaria con independencia de su lugar de residencia. Un poder regional que, respetuoso con las singularidades y los niveles y ritmos de desarrollo de cada uno de los territorios insulares, nos consolidara como Comunidad Autónoma. Es evidente, contemplando el devenir de los acontecimientos, que este intento fracasó.

A partir de 1993, retomando viejos recelos y desconfianzas entre islas, se abre un nuevo tiempo político que determina un radical cambio de rumbo, una auténtica involución de claro corte insularista que afecta y contamina tanto a los partidos como a instituciones canarias y que hoy padecemos con singular vigencia. Desde entonces Canarias asiste a un proceso en el que nuestras fuerzas y potencialidades como Comunidad Autónoma se diluyen, (la trascendencia política que en esta materia representa la aparición de CC merecen un capítulo aparte). Triunfan las tesis que predican el “cabildismo” y el trasladar a estos las mayores cotas de poder de tal suerte que por la Comunidad Autónoma se les transfieren y/o delegan competencias, recursos, patrimonio y personal, que merman de manera significativa, la capacidad de actuación del Gobierno de Canarias sobre el conjunto del territorio. Resultan así fortalecidas las opciones políticas más localistas, caciquiles e insolidarias que son contrarias a cualquier cambio de un sistema electoral injusto que resulta ser el menos proporcional de entre los que existen en países democráticos.

Estas opciones insulares, apoyadas en ese sistema, han venido hegemonizando el poder y condicionando desde sus cimientos el devenir de la acción política en Canarias. Tampoco escapan a los efectos del insularismo, en sus estructuras internas y en su praxis los partidos de ámbito supra insular que por acción u omisión han sido consentidores de este estilo de hacer política. Así las cosas los cabildos, y en mayor medida los de las islas con menor población, ante el cúmulo de competencias asumidas para las que no contaban ni con el capital humano, ni la organización ni infraestructuras físicas adecuadas, han visto desbordada su capacidad de gestión (y por tanto se eficiencia en el manejo de los recursos públicos) a la vez que el Gobierno de Canarias ha quedado mermado, cuando no imposibilitado, para el desarrollo de tareas de planificación, actuación e incluso de representación del conjunto de la población y del territorio canario.

Así las cosas, triunfa en Canarias, también en el interior de los partidos, la mediocridad, la deficiente cualificación (evidente entre la llamada “clase política” así como también entre una buena parte de trabajadores públicos en los diferentes ámbitos institucionales), la falta de colaboración entre islas y el insularismo más rancio. Hoy estamos lejos, muy lejos de aquel intento de la década de los 80 de construir una Canarias única, fuerte, unida y solvente, hasta el punto de que se puede afirmar que de esta manera “Canarias No es posible”.

Factor determinante, aunque no único, de este estado de cosas es la persistencia, del sistema electoral canario en el que sigue primando de manera abusiva y escasamente democrática el territorio sobre las personas que los habitan. En nuestra memoria bullen escenas, aún vigentes, en las que se observa como a partir de un reducido número de votos populares determinadas formaciones políticas obtienen un número de escaños (atribuidos gracias a ese desproporcionado sistema electoral) que les permite determinar la gobernación de toda Canarias y alcanzar insospechadas cuotas de poder Regional a partir de una muy exigua representación popular (en términos regionales).

Y en estas estamos, Canarias se encuentra con índices socio – económicos, de distribución de la riqueza, de desigualdad y de bienestar social muy bajos y en la mayor parte de ellos, en el furgón de cola de las comunidades autónomas, (nótese que esta situación coincide con las más altas cuotas de crecimiento de nuestra principal fuente de riqueza, el turismo) y sus instituciones autonómicas se muestran incapaces de aprovechar sus crecientes recursos fiscales para proyectar Canarias como una Comunidad próspera, políticamente madura, con instituciones de gobierno regionales fuertes y capaces de procurar a la mayoría de sus habitantes índices de bienestar acordes a sus reales posibilidades.