El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha fallado a favor de la Asociación Agua para La Palma en su demanda de información sobre la calidad del agua del Túnel de Trasvase presentada contra el órgano encargado de la gestión del agua en la isla.

La sentencia, contra la que cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, falla “reconocer el derecho de la actora (Asociación Agua para La Palma) a que el Consejo de Aguas de La Palma remita la información solicitada con independencia del tipo de codificación empleado para su ordenación.” Además, imponte las costas procesales al Cabildo palmero.

Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando esta asociación presentó una solicitud de información al Consejo Insular de Aguas en la que, entre otras cuestiones, pedía una copia de los expedientes que contuvieran “los informes de análisis de agua realizadas por el Consejo Insular en la boca oeste del Túnel de Trasvase entre los años 2004 a 2013.”

En febrero de 2022, el Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, Carlos Cabrera, firmó una resolución por la que denegaba el acceso a las solicitudes de información formuladas, contra la que la Asociación Agua para La Palma presentó un contencioso-administrativo que, finalmente, ha ganado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE LA PALMA, el magistrado López Encinas indica que la documentación solicitada constituye “un derecho genérico de acceso a la información que debe quedar garantizado independientemente del soporte.” Para el juez “resulta muy difícil al menos, entiendo yo, negar el carácter de información ambiental a la información recabada, dado lo pedido”.

SATISFACCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGUA PARA LA PALMA

La Asociación destaca “el rapapolvo que la sentencia dirige a las autoridades del Consejo Insular de Aguas cuando, entre los argumentos para denegar la información solicitada, se afirmaba que este colectivo ciudadano abusaba de las solicitudes sobre información ambiental: el prestigio de las instituciones no se pierde por la existencia de un exceso de solicitudes de información, sino por la desatención de tales solicitudes, vulnerando los principios de transparencia que deben presidir la actuación de aquéllas”.

Este colectivo considera que “en manos del actual Gobierno del Cabildo en funciones está ahora la resolución final de este proceso, que no es otra que entregarnos todos los documentos solicitados el 24 de mayo de 2021 mediante registro de entrada, aunque aún puede decidir si recurre o acata la sentencia”, esperando que el nuevo Gobierno insular “inaugure un nuevo tiempo, en el que la obstrucción y la falta de transparencia queden atrás como un mal recuerdo.”