El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, confirmó esta mañana en Cope Canarias que la institución insular recurrirá la sanción de 2,1 millones de euros impuesta por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica al haberse ocupado, sin autorización, el dominio marítimo-terrestre para instalar una tubería de riego sobre la nueva fajana creada por el Volcán de Tajogaite.

En las últimas horas, Mariano Hernández Zapata, ex presidente del Cabildo de La Palma cuando se realizaron las obras y actual consejero regional de Transición Ecológica reclamó en redes sociales al Cabildo “luchar por los palmeros, luchar por los intereses de los agricultores de la isla y apelar esa sanción”.

Hernández Zapata defiende que la institución insular “cuenta con informes jurídicos favorables por parte del Consejo Insular de Aguas” y también de “informes externos jurídicos que se encargaron en su momento” que avalan que “el Cabildo tiene la razón y se ha hecho la obra de manera correcta”.

SERGIO RODRÍGUEZ: “NO HACE FALTA QUE NOS DIGA MARIANO LO QUE TENEMOS QUE HACER”

Por su parte, Sergio Rodríguez respondió a Hernández Zapata en una entrevista radiofónica en la que afirmó que “no hace falta que nos diga Mariano lo que tenemos que hacer”, ya que “lógicamente nosotros vamos a recurrir la sanción”.

Rodríguez adelantó que “la forma de recurrir que vamos a utilizar lo que hace es paralizar efectivamente el que tengamos que pagar”, por lo que “de momento no tendremos que abonar hasta que no resuelva el juzgado”.

También en declaraciones en redes sociales, Héctor Izquierdo, comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, explicó ayer jueves como administrativamente cabía la presentación de un “recurso de reposición” para el cual el Cabildo tiene un mes para interponerlo una vez notificado.

Izquierdo indicó que también existía la vía judicial, a través de un contencioso administrativo, cuyo plazo de resolución “puede ser un año y medio, dos años, según la carga procesal que tenga la sala de contencioso administrativa del Tribunal Supremo”.

El comisionado señaló que, de optar por esta vía, el Cabildo podría solicitar “medidas cautelares sobre la sanción” lo que supondría no abonar la multa en este momento, sino “cuando se resuelva el recurso”, lo que como dijo Izquierdo es una “decisión de la parte judicial, en este caso de la sala del Tribunal Supremo”.