La medida afectaría a un 60% de las cerca de 160 licencias de taxi con las que cuenta la isla. CABILDO DE LA PALMA

El Cabildo de La Palma, a través del área de Transportes que dirige el consejero Darwin Rodríguez (CC), espera poner en funcionamiento la zona de prestación conjunta del taxi en la isla antes de que finalice 2025. Así lo señaló en declaraciones a este periódico el propio consejero, quien defiende que la medida pretende “dar más servicios al público” y que surge de un procedimiento “participado y consensuado con municipios y taxistas”, fruto de numerosas reuniones.

La zona de prestación conjunta permitirá que cualquier taxi de los municipios adheridos pueda recoger clientes en todo el ámbito territorial designado, cumpliendo una serie de requisitos. Por el momento, San Andrés y Sauces, Puntallana, Breña Alta, Breña Baja, Santa Cruz de La Palma, Villa de Mazo y Tazacorte han manifestado su intención de sumarse a esta iniciativa, lo que afectaría a un 60% de las cerca de 160 licencias de taxi con las que cuenta la isla.

La institución insular financiaría los costes del mantenimiento de una centralita única para la zona y de una aplicación que permitirá al usuario conocer, entre otras cuestiones, el tiempo de espera hasta la llegada del taxi, así como su localización.

Para Darwin Rodríguez, con la prestación conjunta se pretende “dar más servicios al público en lugares donde, con las licencias del municipio, no hay capacidad de atender la demanda en momentos puntuales”, y recalca que “no quita nada” a ningún profesional del taxi.

UNA SENTENCIA SE OPONE A LA LIMITACIÓN DE LICENCIAS DE VEHÍCULOS VTC

La iniciativa para la mejora y coordinación en el servicio que presta el taxi en la isla llega en un momento en el que el sector se ve amenazado por la posible liberalización del mismo con la entrada de más vehículos VTC.

La normativa autonómica establece una ratio de un vehículo de estas características por cada 30 licencias de taxi, lo que contradice una sentencia de 2023 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se opone a esta limitación.

Recientemente, otra sentencia -en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)- ordenó al Cabildo de Gran Canaria tramitar diez licencias de estos vehículos, una decisión que ha sido recurrida por la mencionada corporación insular y que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite. En La Palma, actualmente hay solicitadas unas 50 licencias de este tipo de vehículos.