El pasado 10 de mayo, un día antes de que comenzara la campaña electoral, el presidente del Cabido, Mariano Hernández Zapata, declaró a los medios de comunicación que el comité asesor del Plan Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL) había aprobado en sesión extraordinaria “el borrador de acceso definitivo a la zona de Los Lajones (Puerto Naos, Los Llanos de Aridane).”

“Un borrador que ha sido iniciativa, una vez más, del Cabildo Insular en lo que se refiere a la gestión de la emergencia de gases. Como bien saben, hemos estado prácticamente solos,” señalaba. Para Hernández Zapata era “un paso importante, clave de cara al futuro, que es comenzar a buscar soluciones para que las personas puedan regresar a sus casas.”

El protocolo, que no está publicado en la web del Cabildo donde se recoge toda la información relacionada con la emergencia volcánica, “tiene que ver con la instalación de megafonía en la zona, que ya está, la puesta en marcha de una aplicación móvil, que ya está y la instalación de sensores que puedan dar información puntual automática a los usuarios de las viviendas, a los vecinos que decidan bajar a sus casas, y que a través de esa aplicación y de esa megafonía estén puntualmente informados de lo que sucede con los gases,” añadía Hernández Zapata.

De 47 familias con las que había contactado la primera institución insular, 13 mostraron su interés en volver a esta zona de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane, y 7 cumplían con el requisito establecido de que la vivienda fuese la habitual.

SALUD PÚBLICA NO PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO

A pesar de que el presidente del Cabildo indicó que habían utilizado la tabla de gases de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, el mismo día que se anunciaba la aprobación del protocolo de acceso a esta zona de Puerto Naos, remitía al presidente del Cabildo un escrito, que solo fue subido a la web del Cabildo el día 31 de mayo, en el que se concluía que no podían “emitir juicio informado sobre la ausencia de riesgo para la salud y seguridad de las personas en la zona de Los Lajones.”

Desde Salud Pública señalaban como no se les había remitido “información sistemática analizada y evaluada sobre esta zona específica referida a un periodo continuado de tiempo”, ni tampoco habían “intervenido en el diseño y elaboración del protocolo que va a aplicarse con el mencionado fin.”

Además, desconocían si “se permitirá el acceso a la población vulnerable, a personas con algún tipo de discapacidad que puedan ver disminuida su capacidad de autoevaluación y de seguir las instrucciones de los servicios de emergencia”, como tampoco “que libertad de movimiento dentro de la zona van a tener los vecinos, en el sentido de que puedan acceder a zonas con niveles peligrosos de CO2.”

El Director General de Salud Pública, José Juan Alemán Sánchez, recordaba en el escrito como “la vigilancia eficaz del peligro existente en la zona tiene que ir más allá de la mera recolección de datos y, ha de servir para fundamentar las actuaciones del gestor de este riesgo mediante el análisis de toda la información y su interpretación en tiempo y forma por los diferentes organismos e instituciones que están midiendo sobre el terreno.”

Un mes después del anuncio, y con el grupo de Gobierno en el Cabildo en funciones, nada se ha vuelto a saber de la vuelta de estas siete familias a Puerto Naos, al margen del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos del PEVOLCA, que en su última sesión celebrada, el 9 de junio, seguía recogiendo que “tanto en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla, mientras los niveles de CO2 no estén dentro de los límites de exposición que se consideran habituales para la población general, por un principio de precaución, prudencia y prevención, Salud Pública aconseja mantener la zona desalojada, permitiendo el acceso según los protocolos oficiales que se establezcan por el responsable de la gestión de esta emergencia en el nivel actual.”