Firma de la “Declaración de la Palma” el 1 de junio de 2022. SENADO DE ESPAÑA.

Tanto el millón de euros aportado por el Senado al Cabildo de La Palma, como los 1,5 millones de euros recogidos en los vigentes Presupuestos Generales del Estado, fruto de una enmienda de CC, destinados a mitigar el impacto de la erupción volcánica en la salud mental de la población de la isla, serán invertidos en la compra o dotación de infraestructuras.

Esta semana, en declaraciones a Cope La Palma, la consejera de Bienestar Social, Nieves Hernández, señaló que, aunque “tampoco me gusta” el gobierno del que forma parte está trabajando en destinar los fondos procedentes de la Cámara Alta en “una infraestructura mayor que, por lo menos, se puedan albergar 20 o 30 personas que se puedan atender, que tengan algún trastorno o patología mental”. Un inmueble que adelantó será cedido por el Obispado.

Fernández, que en el anterior mandato estaba al frente de los Servicios Sociales en el Ayuntamiento de El Paso recordó como ella fue “muy crítica”, ya que consideraba “que este dinero tenía que haber llegado de forma directa a los ayuntamientos que en aquel momento nos veíamos afectados por la erupción volcánica”, para a través de un convenio con el Colegio de Psicología disponer de profesionales “que estuvieran sobre el terreno de forma inmediata”.

KILIAN SÁNCHEZ (PSOE) CONSIDERA QUE LA INFRAESTRUCTURA DEL OBISPADO EN LA SALEMERA (MAZO) “NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL”.

También en los micrófonos de Cope La Palma, Kilian Sánchez, senador del PSOE por la isla y responsable del Área de Salud de La Palma en la pasada legislatura, cuestionó la ubicación de la infraestructura a la que el Cabildo pretende destinar los recursos procedentes del Senado.

“Yo espero que no sea la que yo creo que la consejera tiene en mente, porque no cumple con los criterios de intervención psicosocial, no cumple con los criterios de rehabilitación psicosocial de pacientes, porque uno de los criterios fundamentales es que se encuentre en un entorno integrado en la comunidad”, afirmó Sánchez.

El senador incidió en que “si es el que está en La Salamera, que es una infraestructura prácticamente abandonada por el Obispado” supondría para el socialista “ir en contra totalmente de los criterios de intervención psicosocial para los pacientes de salud mental”. Para Sánchez un recurso en esa zona supondría poner a los pacientes “en el exilio social, desarraigándolos de la sociedad”, por lo que desde su punto de vista sería “un fracaso”.

Respecto a los 1,5 millones de euros de los presupuestos, Sánchez pidió al Gobierno de Canarias “que cumpla los proyectos que estaban encima de la mesa”. El anterior responsable sanitario insistió en que dejó el proyecto y un plan de acción que suponía la “rehabilitación de una infraestructura que había sido cedida por el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, donde se firmó la transferencia de ese inmueble y lo que había que hacer era rehabilitación y puesta en funcionamiento con 1,5 millones de euros por parte del Estado”.

“Creo que falta trabajo, porque los resultados no se ven y lo necesitamos, porque cuando ellos (CC) en la legislatura pasada, presionaban continuamente al Gobierno de Canarias por los problemas de salud mental ahora parece que esos problemas han desaparecido”, añadió Sánchez quien recordó como “esos problemas no han desaparecido, existen, necesitan respuesta y las respuestas están dotadas económicamente y con un trabajo encima de la mesa”.