La Comisión Promotora de la Proposición de Ley de Iniciativa Popular de Volcanes de Canarias comenzará en los próximos días la recogida de las 15.000 firmas necesarias para que el Parlamento de Canarias inicie la tramitación de esta iniciativa, que surge de afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja del año 2021.

Una vez el Parlamento de Canarias autorizó la recogida los promotores tienen tres meses para conseguir el apoyo de la ciudadanía a esta propuesta para que se someta a debate y aprobación en la cámara legislativa canaria.

Desde la Comisión Promotora se resalta, en un comunicado de prensa, como las ayudas y subvenciones desplegadas por las administraciones durante estos casi dos años “se han hecho bajo la premisa de todo para los afectados pero sin los afectados,” por lo que consideran necesaria que, a través de una ley “queden garantizados los derechos de los canarios que se vean afectados por un volcán y todo ello al margen de las decisiones políticas que se tomen en cada momento porque ya habrá una norma con rango de ley que nos ampare.”

Los afectados denuncian, entre otras cuestiones, que “no se ha aprobado una ley básica y general que garantice los derechos patrimoniales, urbanísticos, sociales y económicos de los afectados sobre sus propiedades de las que ya no pueden usar y disfrutar porque están destruidas por la lava”.

“EL FUTURO JUEGA EN NUESTRA CONTRA”

Señalan como tampoco “se ha aprobado ninguna ley que garantice el derecho a una vivienda digna para los propietarios cuyas viviendas habituales fueron destruidas por la lava.” Destacan como “de los 600 propietarios que perdieron su vivienda habitual sólo se han entregado un centenar de viviendas de promoción pública y el resto han sido casas de madera y los humillantes contenedores marítimos reconvertidos en viviendas que no cumplen con las normas de habitabilidad del Gobierno de Canarias.”

Estos contenedores “constituyen la mejor imagen de la nefasta reconstrucción social del volcán,” resaltando el hecho de que quienes no han obtenido una vivienda “se han visto obligados a alquiler viviendas a unos precios prohibitivos y con una burocracia que ha retrasado el pago de los alquileres,” afirman desde la Comisión Promotora.

La gestión y cuantía de las ayudas, la ausencia de decretos aprobados en materia de recuperación residencial y agrícola provocan, en palabras de los promotores, “incertidumbre, desazón, zozobra y miedo al futuro de los afectados”, ya que “el tiempo juega en nuestra contra porque cuanto más tiempo pasa más se deteriora la salud física y mental de los afectados por la falta de certezas sobre el futuro.”

Por último, siguen defendiendo la recuperación del “valor íntegro de lo perdido por el volcán”, ya que considera que “hay dinero suficiente tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma para hacer un plan a cuatro años para devolver todo lo perdido a los afectados previa tasación de los bienes perdidos”.