Parcela del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en el Camino El Callao, cedida al Gobierno de Canarias. GRAFCAN

Los Llanos de Aridane, Villa de Mazo, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tijarafe, Barlovento, Puntagorda El Paso son los únicos municipios de la isla que han ofrecido suelo público al Instituto Canario de la Vivienda y a la empresa pública Visocan para la construcción de nuevas viviendas protegidas en la isla.

El Anexo I del Decreto ley 2/2024, publicado el pasado martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), recoge una relación de 15 parcelas repartidas en los municipios antes mencionados cuyos ayuntamientos han acordado ceder tras un acuerdo plenario, como en el caso de Los Llanos de Aridane, o han enviado una “carta de ofrecimiento” al Gobierno de Canarias.

Los ayuntamientos que hasta el momento no hayan aprobado, a través de su pleno, la cesión del suelo tienen un año de plazo para hacerlo, ya que, de lo contrario, “las parcelas recuperarán la clasificación, categoría y calificación que tenían” antes de la aprobación, al no encontrarse todas ellas en “suelo urbano consolidado o equivalente”.

NUEVA CANARIAS DENUNCIA QUE EL DECRETO “SE OLVIDA” DE TAZACORTE

La formación canarista, a través de un comunicado de prensa, denuncia que “las acciones encaminadas a través de este decreto abarcan a ocho municipios de la isla, no vinculando al municipio de Tazacorte, uno de los afectados por el volcán”.

Nueva Canarias recuerda que “se tenía que tener en cuenta y no se ha tenido, las 145 viviendas que adquirió el Gobierno de Canarias por motivos de la erupción del volcán y de las cuales, 66 están en Tazacorte” y propone que se permita “la posibilidad de quienes lo prefieran, de quedarse con la misma, en igualdad de las condiciones que recoge el artículo 10 del Decreto”.

Este artículo señala que cuando se adjudique una vivienda protegida a personas que perdieron su primera vivienda por el volcán lo serán “en régimen de propiedad, quedando sujetas a un régimen de protección durante 30 años”, una vez el propietario haya transmitido a la Administración “la propiedad de la parcela situada en el ámbito de la colada”.