Pese a contar con la autorización por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, de parte de la financiación con cargo al Cabildo Insular (1,3 millones procedentes de los fondos FDCAN), de ser adjudicado por 3,4 millones de euros a la empresa UTE Aparcamiento (Formada por Domingo J. Martín García y Montajes Metálicos Ingalux, S.L.) y de realizarse catas para el estudio del subsuelo, el gobierno salido de las pasadas elecciones municipales (PP y CC) ha decidido frenar su construcción.
