El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane trabaja para que el servicio municipal de limpieza, actualmente gestionado de forma pública, pase en su casi totalidad a manos privadas a partir del año 2026, según fuentes del consistorio han confirmado a este periódico.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Alicia Vanoostende, ha preguntado en los últimos plenos por las quejas que los familiares de personas dependientes han trasladado al consistorio llanense sobre la mala gestión de la empresa que gestiona el servicio, tras ser privatizado durante este mandato.
En una entrevista esta semana en Onda Cero La Palma, el consejero responsable del área de Residuos del Cabildo de La Palma, Fernando González, afirmó que “es posible” y “probable” una “externalización” de la gestión del servicio de recogida de residuos en la isla, que actualmente lleva a cabo el Consorcio de Servicios, entidad formada por la institución insular y los 14 ayuntamientos de la isla.
Tras señalar el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que “a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es si el Consorcio es el instrumento adecuado para prestar este servicio en la isla de La Palma”, el responsable de Acción Sindical del CSIF en Canarias, Antonio Brito, ha declarado a este periódico que “si alguien se está planteando privatizar el servicio de recogida de residuos se encontrará con el rechazo frontal de este sindicato”.
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha adjudicado a la empresa Atende Servicios Integrales S.L. el servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia por 3 años y 2.735.384,95 euros.
Una de las cuestiones que más ha enfrentado a CC y al PP durante los últimos meses en el gobierno municipal ha sido el proceso de privatización del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia del municipio.
Ninguno de los tres grupos políticos representados en el consistorio llanense se mostró crítico con la privatización, discrepando solo en si se debería llevarse a través de un procedimiento abierto, tal y como proponía CC, o mediante un contrato de carácter reservado para una empresa de inserción social, como defendieron PSOE y PP.