La paralización en la compra de viviendas ya construidas por parte del Gobierno de Canarias, la falta de construcción de nuevas promociones públicas y las dificultades para acceder a una vivienda en alquiler en alguno de los municipios del Valle de Aridane, en particular, y en la isla, en general, hacen que muchos afectados no tengan más alternativa que permanecer en las instalaciones hoteleras casi 2 años después de haber tenido que abandonar sus casas.
Trece meses después de esta primera, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane anunció en días pasados que había alcanzado la cifra de 145 licencias, la mayoría en suelo rústico, lo que supone el 15% del total de viviendas residenciales destruidas por el volcán en la localidad.
La extensión a La Palma del pacto regional entre CC y PP ha permitido que ambos partidos gobiernen en 5 ayuntamientos donde no hubo mayorías absolutas en las pasadas elecciones, siendo la excepción Tazacorte, donde ambos partidos gobernaran en un tripartito con el PSOE, que encabezará la alcaldía los dos primeros años de mandato y envían a Nueva Canarias, fuerza más votada, a la oposición
En el caso de la tubería sobre una de las fajanas creadas por el volcán, para Ecologistas en Acción “paralelamente a los procedimientos administrativo y sancionador en curso, cabría
promover un expediente de responsabilidad patrimonial contra los políticos y técnicos responsables de los actos perpetrados por la vía de hecho para que respondan por las sanciones y los daños ambientales, sin perjuicio de la posibilidad de exigir responsabilidades
penales por prevaricación, desobediencia o malversación que hubiera lugar.”
En el mes de enero de 2018, representantes del Cabildo Insular, los ayuntamientos y de la entonces Consejería de Política Territorial se reunieron “para abordar la activación de mecanismos administrativos que permitan la legalización de los vertidos al mar que actualmente se producen en la isla (11 en total).”
Una situación que cinco años después está lejos de mejorar. El censo de vertidos desde tierra a mar en Canarias, elaborado por Tragsatec y publicado en marzo de 2022, recoge que en la isla hay 17 puntos censados de vertidos, de los que 14, el 82%, no están autorizados y solo 3 se encuentran autorizados. A falta de nuevos datos oficiales, solo hay vertidos autorizados desde tierra al mar en las costas de Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte.
En el caso de La Palma, la organización ecologista otorga una bandera “por mala gestión” a la costa del Valle de Aridane, como consecuencia de dos obras realizadas tras la erupción volcánica del año 2021.
Se trata de dos polémicas actuaciones tramitadas por el procedimiento de emergencia, una sin terminar, como es el caso del embarcadero en La Bombilla, y otra finalizada, la tubería que transportará agua a través de una de las nuevas fajanas ganadas al mar con el volcán, pero que se encuentra a la espera de la resolución de un expediente sancionador de Costas.
Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando esta asociación presentó una solicitud de información al Consejo Insular de Aguas en la que, entre otras cuestiones, pedía una copia de los expedientes que contengan “los informes de análisis de agua realizadas por el Consejo Insular en la boca oeste del Túnel de Trasvase entre los años 2004 a 2013.”
El pasado 10 de mayo, un día antes de que comenzara la campaña electoral, el presidente del Cabido, Mariano Hernández Zapata, declaró a los medios de comunicación que el comité asesor del Plan Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL) había aprobado en sesión extraordinaria “el borrador de acceso definitivo a la zona de Los Lajones (Puerto Naos, Los Llanos de Aridane).”
A pesar de que el presidente del Cabildo indicó que habían utilizado la tabla de gases de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, el mismo día que se anunciaba la aprobación del protocolo de acceso a esta zona de Puerto Naos, remitía al presidente del Cabildo un escrito, que solo fue subido a la web del Cabildo el día 31 de mayo, en el que se concluía que no podían “emitir juicio informado sobre la ausencia de riesgo para la salud y seguridad de las personas en la zona de Los Lajones.”
El comisionado para la reconstrucción de Palma, Héctor Izquierdo, ha organizado hoy martes, 13 de junio, en el Complejo de la Moncloa, una jornada presencial dentro de los trabajos de la denominada estrategia “La Palma 2050” que pretende analizar los desafíos y oportunidades que se le presentan a la isla en las próximas décadas. Por su parte, la Plataforma Ecologista EcoLaPalma, a través de un comunicado de prensa, ha denunciado su rechazo a “que el futuro de la isla se esté decidiendo sin contar con una representación inclusiva y real de la población palmera y damnificada por el volcán.” Para los ecologistas, la representación de la sociedad elegida “es elitista y excluyente, impropia de mecanismos de participación democrática”.
El actual senador y, desde el próximo sábado, alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, ha sido elegido por su partido, el PP, para ocupar el número dos en la candidatura al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 23 de julio.
En caso de ser elegido diputado –el PP obtuvo dos en las elecciones generales de 2019-, Antona podría compaginar ambos cargos, ya que lo permite la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que no incluye dentro de las causas de incompatibilidad el ser miembro de una corporación local y diputado o senador.