Finalizaba mi anterior colaboración sobre este mismo tema haciendo un llamamiento a renovar y prestigiar a nuestra Democracia antes de que la misma sea engullida por los nostálgicos de sistemas autoritarios. Hubo un tiempo, para algunos demasiado lejanos, en el que en este país se instaló a sangre y fuego una dictadura militar. Fueron muchos y muchas quienes la combatieron dando lo mejor de sí mismos, incluso la vida y como fruto de ese inmenso tributo, al final de los años 70 del siglo pasado se abrió paso una nueva era democrática que viene resultando ser la de mayor duración en nuestra agitada historia como país.

Pero para que el sistema democrático sea irreversible como forma de gobernar nuestras sociedades, es preciso, desde el reconocimiento de que ningún sistema es por si mismo perfecto, perfeccionarlo cada día. No basta solo con disfrutar de las innegables ventajas de vivir y practicar la Democracia, hay que fortalecerla y defenderla de los no pocos peligros y enemigos que la acechan.

A principios de 2021 el periódico The Economist, en los análisis periódicos que realiza para medir la salud de los sistemas políticos democráticos en el mundo establecía cinco parámetros sobre los que dictaminar la fortaleza o debilidad de los mismos analizando: a) Los procesos electorales y pluralismo político; b) El funcionamiento del Gobierno en sus diferentes ámbitos de actuación; c) La participación ciudadana en la política; d) Cultura de la Democracia en la sociedad y e) El estado y desarrollo de las libertades civiles.
Me propongo en esta colaboración repasar estos aspectos y acercarlos a nuestra realidad cotidiana, ya que en este tiempo, y no solo en nuestro país; a la Democracia se le está poniendo a prueba y acechan por doquier peligros reales para la salud democrática, incluso en entornos en los que la misma está afianzada y con larga trayectoria histórica, cuyos orígenes y finalidades resultan cuando menos preocupantes, hasta el punto de ponerse en serio riesgo su propio concepto, aquel que la define como un “sistema donde los ciudadanos ejercen el poder a través de sus representantes elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas”. Se pueden observar claramente síntomas de agotamiento y no abordarlos con rigor puede ser un error de consecuencias impredecibles.

Sin duda uno de esos síntomas es el crecimiento de la abstención siendo cada vez mayor el número de electores que desisten de su derecho a participar con carácter general y singularmente, en elecciones autonómicas y locales, diríase que pese a las costosas y en muchos casos largas y tediosas campañas electorales tanto institucionales como las desarrolladas por los partidos políticos concurrentes, no se logra suscitar el interés de un significativo volumen de personas llamadas a las urnas. Este importante, y generalizadamente creciente grupo de ciudadanos, desiste de su derecho a la participación política. Y con ello nuestra Democracia se resiente.

Y lo cierto es que más allá del circunloquio de si la abstención favorece más a unos partidos que a otros, lo cierto es que la desafección ciudadana representa un claro síntoma de debilidad de nuestro sistema democrático y que los diferentes partidos políticos, desde el reconocimiento de que está fallando un elemento básico del sistema, deberían ejercer una autocrítica profunda y asumir su parte alícuota de responsabilidad ya que si la frustración y la desafección crecen entre los potenciales votantes algunas razones se darán para ello, algo no debe estarse haciendo bien por las formaciones políticas a las que la Constitución asigna, entre otras, la función de ser “instrumentos fundamentales para la participación política” y si esta decae de manera persistente y o no están contribuyendo a suscitarla entre la ciudadanía, la Democracia se resiente.

Sucede que el número de ciudadanos que militan en los diferentes partidos políticos de este país es muy baja (en La Palma de un total de unos 80.000 habitantes no más de unos 2.500 / 3.000 están afiliados siendo generosos) y que los partidos son percibidos por la población, cada vez más, como cotos cerrados, ajenos, cuando no como meros instrumentos para acceder unos pocos a cargos y puestos públicos; sucede además que no contribuyen a generar propuestas y debates sobre los asuntos públicos salvo en periodos electorales y que no pocas de las propuestas y promesas resultan en buena parte incumplidas, olvidadas o desechadas por imposibles una vez se ha accedido al Poder, y sucede por último que en las diferentes formaciones políticas se prioriza la fidelidad y adhesión inquebrantable de los militantes a sus dirigentes sobre el debate, el intercambio de opiniones, las ideas, el análisis… Como resultado de todo ello son muchos ciudadanos los que observan a los partidos políticos como algo ajeno, sin que se suscite el mínimo interés de afiliarse a ellos para ejercer su derecho a una participación política activa y de ahí que adviertan que en las listas electorales que los partidos políticos presentan para elegir a quienes han de ocuparse del gobierno de ayuntamientos, cabildos y de configurar los parlamentos autonómicos y nacionales faltan por lo general candidatos que acrediten poseer conocimiento, la sabiduría, la experiencia para el desempeño de las tareas para las que se postulan. Y con ello la Democracia se resiente.

Una Democracia fuerte y consolidada es el “menos malo de los regímenes posibles” y necesita de partidos políticos igualmente fuertes y consolidados que conciten el interés de un mayor y más cualificado número de ciudadanos por pertenecer a ellos para ejercer, a través de los mismos, su derecho a la participación política.

Otro aspecto no menor que está afectando de manera considerable a la salud y fortaleza de nuestra Democracia es el derivado de la desigualdad del valor de los votos de los ciudadanos como consecuencia de sistemas electorales que en no pocos casos desvirtúan de facto la voluntad popular en los ámbitos estatal y autonómico. Asumiendo que en determinados supuestos se precisa equilibrar la singularidad territorial y la densidad demográfica con sistemas que garanticen unos mínimos de representación política a las personas que se encuentran en esos situaciones, en modo alguno puede hacerse con formulas que vengan a representar una distorsión de la voluntad popular. Y cuando esto es percibido por los votantes, cuando no se garantiza el respeto a la voluntad mayoritaria de estos, se generan sentimientos de frustración democrática que desincentivan la participación, y con ello se resiente la Democracia.

Así, es fácilmente observable como partidos políticos con ámbitos de acción territorial autonómico y / o insulares – locales obtienen escaños, y condicionan la formación de gobiernos a partir de un número de votos porcentualmente bajo sobre el conjunto del censo electoral llamado a las urnas. Y esta “anomalía” es percibida por la ciudadanía que se cuestiona no solo el valor real de su voto sino también su interés por la participación.

Es por tanto preciso abordar estas cuestiones si queremos rearmar nuestro sistema democrático, y vigorizarlo frente a sus detractores y hacer frente al progresivo descrédito y la desafección ciudadana. Aún siendo consciente de la enorme dificultad de encontrar consensos sobre estas materias, ignorarlas o considerar que “no toca” ahora abordarlas puede tener consecuencia funestas para el sistema que se justifica como el mejor de los posibles y a través del cual “los ciudadanos ejercen el poder(…) a través de sus representantes”.

Asistimos por otro lado, en relación con el gobierno de nuestras instituciones, y en cierta medida como consecuencia de lo hasta ahora expuesto en relación con el funcionamiento de los partidos políticos, a que la transparencia y la responsabilidad; el fácil acceso a la información generada en las esferas de gobierno; la capacidad de respuesta de los gobernantes a las autenticas demandas ciudadanas y la búsqueda de consensos en asuntos de claves y permanentes; la eficiencia en la gestión y la visión estratégica, todas ellas acciones de buen gobierno, o no se perciben en la acción cotidiana de los gobiernos o se tiene la impresión que se avanza en sentido opuesto. Y con ello se resiente la Democracia.

Hemos ido dejando de lado la sabia costumbre de poner en valor las propuestas y las actuaciones de gobiernos en asuntos de país, de región o de municipio por el solo hecho de ser formuladas y/o defendidas por el “bloque contrario”, y con ello se obstaculiza sobremanera la eficiencia de la acción publica y se malgastan esfuerzos colectivos, tanto en términos personales como económico – presupuestarios, y con ello la percepción ciudadana de un mal funcionamiento de nuestras instituciones que es preciso revertir para incentivar el interés de los más por los asuntos públicos y por la participación política.

La participación ciudadana como activo fundamental de nuestras democracias ha de rescatarse de su actual deterioro sistemático toda vez que la ciudadanía se aleja progresivamente de la participación activa en los asuntos públicos y los partidos políticos concitan escaso interés entre los ciudadanos hasta el punto de que son pocos los que dan el paso a convertirse en afiliados, antes al contrario son muchos los que reniegan de hacerlo. Y así las cosas venimos observando como las listas electorales que estos partidos políticos presentan a parlamentos y gobiernos de las diferentes instituciones no inspiran el imprescindible interés y la necesaria confianza entre los ciudadanos.

Sin duda esta es una clara deficiencia de nuestra democracia que hemos de corregir no solo mediante la promulgación de normas que impidan el abuso de poder de las cúpulas de los partidos y les obliguen a la dación de cuentas, y no solo en periodos electorales, de manera trasparente, diáfana y regular ante los ciudadanos. Contribuiría igualmente una redefinición de las circunscripciones electorales, la posibilidad de implantar listas abiertas, la elección directa de algunos cargos públicos como alcaldes y presidentes de cabildos y la corrección de los flagrantes desajustes que se da en el valor de los votos según el territorio donde se emiten, que determinadas instituciones, organismos, fundaciones y empresas públicas dejen de ser meras correas de trasmisión del poder político vigente en cada momento de tal suerte que se conviertan en estamentos independientes dirigidos, por espacios temporales superiores al de lo periodos electorales, por personas en las que reconozcamos capacidad, merito, solvencia y experiencia con sistemas de elección transparentes. Sin ánimo exhaustivo y a modo de ejemplo, podrían darse en medios públicos de comunicación (RTVE, RTVC y similares); empresas publicas de diferentes ámbitos como Correos, Autoridades Portuarias, Adif, RENFE, GESPLAN, SODEPAL…; Defensor del Pueblo (Diputado del Común en Canarias), Audiencia de Cuentas, y otras.

Apelo por último a la consolidación de una sociedad civil organizada y exigente como sinónimo de la salud y la fortaleza de nuestra democracia, en base a asociaciones vecinales, organizaciones empresariales y sindicales, estamentos vinculados a la cultura, y a la difusión y la extensión del conocimiento, las especializadas en el campo de la ayuda humanitaria y del tercer sector en general. Sociedad civil desvinculada del poder político fomentada desde ámbitos privados y colaborativos que solo puedan acceder a fondos y ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para evitar su “colonización” e instrumentalización por el poder político.
En definitiva, si pretendemos mantener la vigencia y el nervio de una sociedad auténticamente democrática hemos de protegerla e impulsarla, casi cada día, extendiendo la Cultura Democrática y sus valores intrínsecos desde la escuela, sin adoctrinamiento pero sin complejos, luchar contra quienes la “manosean” o contribuyen con sus prácticas a su desprestigio, dotándola de instrumentos normativos rigurosos que, basando su acción en el fortalecimiento de la Libertades Civiles, la salvaguarden de sus contrarios y de los oportunistas que la desacreditan.