En el mes de enero de 2018, representantes del Cabildo Insular, los ayuntamientos y de la entonces Consejería de Política Territorial se reunieron “para abordar la activación de mecanismos administrativos que permitan la legalización de los vertidos al mar que actualmente se producen en la isla (11 en total).”
Una situación que cinco años después está lejos de mejorar. El censo de vertidos desde tierra a mar en Canarias, elaborado por Tragsatec y publicado en marzo de 2022, recoge que en la isla hay 17 puntos censados de vertidos, de los que 14, el 82%, no están autorizados y solo 3 se encuentran autorizados. A falta de nuevos datos oficiales, solo hay vertidos autorizados desde tierra al mar en las costas de Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte.
