Como ya habían hecho sus antecesores en el cargo, Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias anunció el pasado viernes, 4 de agosto, tras una reunión con el gobierno insular, una fecha para la finalización de la carretera del Sur. En declaraciones a los medios indicó que esperaba que la LP-2 Bajamar-Tajuya, “pueda estar a mitad de legislatura prácticamente finalizada”.

En abril de 2011, la UTE Tajuya, compuesta por Sacyr (58%), Traysesa S.L., Construcciones Los Volcanes S.L. y Construcciones Herquipalma S.L, se adjudicó por un importe 61,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses la licitación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, que entonces dirigía el palmero Juan Ramón Hernández Gómez.

Un años más tarde, en noviembre de 2012, Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas, afirmaba en una visita a la isla que se iba a priorizar la finalización de las obras de las carreteras del Norte y del Sur para que estuvieran concluidas a finales de ese año. Los recortes del Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, afectaron a las infraestructuras recogidas en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado y Berriel esperaba que “a lo largo del 2013 podamos poner un tramo sustancial en marcha” de la LP-2.

En octubre de 2015, Fernando Clavijo, presidente entonces también del Gobierno de Canarias, no daba plazos de finalización de la carretera del Sur en una visita a La Palma, aunque ya los sucesivos retrasos hacían prever que la obra concluyera no antes del año 2020.

“EN EL PEOR DE LOS ESCENARIOS, LAS OBRAS ESTARÁN TERMINADAS EN UN PLAZO DE DOS AÑOS”.

Durante la legislatura 2019-2023, con el PSOE en el gobierno regional, Sebastián Franquis llegó a afirmar en septiembre de 2019, como “en el peor de los escenarios, las obras estarán terminadas en un plazo de dos años”. Nada parecía indicar entonces que durante los años posteriores se encadenarían una pandemia, un volcán en la isla y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que de alguna manera afectarían al desarrollo de los trabajos.

De esta forma, los cuatro años iniciales para la ejecución de la obra se han transformado, por el momento, en once y la previsión es que, al menos, alcancen los trece años. Un presupuesto que con los distintos modificados llevados a cabo y las numerosas expropiaciones realizadas superará con creces los 61,5 millones de euros previstos.

La prolongación en el tiempo de las obras ha provocado innumerables molestias para la ciudadanía de los núcleos de Mazo, Fuencaliente, El Paso y Los Llanos de Aridane, pero también para los trabajadores que han visto durante más de una década como se alteraban sustancialmente sus horarios por los innumerables cortes con semáforo o desvíos.